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Exigen a gobierno de Duarte reconocer la violencia feminicida y activar la AVG; al menos 500 casos en casi 6 años

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(24 de mayo, 2016).-  Exigen Javier Duarte reconocer la gravedad de la violencia extrema contra las mujeres en la entidad y activar la Alerta de Violencia de Género (AVG),  ya que al mes en promedio ocurren ocho feminicidios y durante su gobierno se registran al menos 500 casos, según cifras de organizaciones sociales.

Edda Arrez Rebolledo, directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), fue quien desde el pasado 16 de mayo forzada por una sentencia de amparo, solicitó al gobierno priista de Duarte la activación de la AVG.

Cabe recalcar que desde mayo de 2015 se había urgido a la titular del IVM  a exigir el mecanismo que protege la vida de las mujeres en Veracruz.

Las organizaciones de Veracruz denunciaron que Edda Arrez Rebolledo pese a la cifra alarmante de femincidios, se había negado a tramitar la AVG bajo la excusa de que ella no tenía esa facultad de solicitarla conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que sólo Javier Duarte podía exigir la activación del mecanismo para que se aprobara a nivel federal.

María Josefina Gamboa Torales, la entonces titular del Instituto de las Mujeres de Boca del Río, fue quien solicitó el juicio de amparo con base a que la ley local de Veracruz faculta IVM para solicitar al gobierno estatal que emita una alerta en la entidad; amparo concedido el pasado 9 de noviembre por Nelda Gabriela González García, juez Decimoquinto de Distrito con sede en Xalapa.

Por su parte la titular del IVM intentó anular la sentencia de amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, pero sólo se confirmó el amparo, por lo que la justicia federal ha ordenado a un estado a evaluar la activación de la AVG.

El abogado de Gamboa Torales, Jorge Winkler, declaró que se podía acusar penalmente a la directora del IVM por mal ejercicio del servicio público, negligencia y abuso de poder, ya que por más de un año se negó a ejecutar medidas urgentes para salvaguardar la vida de las veracruzanas.

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