(13 de febrero, 2014).- Diego Contreras, miembro del Campamento Ixtliyólotl que se opone a la construcción de una gasolinera en San Pedro Mártir, al sur de la Ciudad de México, declaró esta mañana que los vecinos organizados exigen “al Tribunal de lo Contencioso Administrativo [TCA] que, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, se imparta justicia de manera pronta, completa e imparcial, comprometiéndose con la sociedad, y de esta manera proceda a la clausura y demolición inmediata de la gasolinera ilegal, sancione a los funcionarios públicos que otorgaron indebidamente permisos para su construcción y funcionamiento, garantice la no repetición de estos actos y finalmente, que el predio vuelva al estado original antes de dicha construcción”.
El campamento fue establecido el 22 de septiembre del 2011 en las instalaciones de la gasolinera de la empresa CorpoGas en el kilómetro 19 de la autopista México-Cuernavaca en San Pedro Mártir, y desalojado el 25 de diciembre del 2013 con un operativo de 2 mil 480 granaderos, de acuerdo con uno de los elementos de la fuerza pública.
“No deja de impresionar el operativo tan desmedido que se dio el 25 de diciembre aprovechando que eran días de asueto”, señaló Enriqueta Curiel, miembro del campamento.
Los vecinos de la localidad denunciaron esta mañana que hasta el momento han promovido tres juicios cuyas sentencias les fueron favorables, “se trata de dos juicios de nulidad (I-52703/2011 y 1-71002/2011) y uno de acción pública (IV-10810/2012). La Primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como lo hemos mencionado, reconoció que tenemos la razón. CorpoGas, inconforme con la sentencia emitida, promovió un recurso de revisión ante la Sala del TCA”, la cual declaró que se cese el juicio por declararlo extemporáneo.
La sentencia emitida por el Tribunal declaró la nulidad del certificado único de zonificación de uso de suelo del 2010, expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del DF, la nulidad del dictamen de impacto urbano del 2010 expedido por la Dirección General de Administración Urbana de la Seduvi y la nulidad de la autorización de impacto ambiental autorizada por la Secretaria de Medio Ambiente (Sedema) en el 2010.
“Como corresponde, se deberán emprender acciones en contra de los funcionarios públicos que expidieron documentos y autorizaciones ilegales en cada una de las dependencias involucradas, las cuales son: la delegación de Tlalpan, Seduvi, Sedema-DF, Petróleos Mexicanos (Pemex), el Gobierno del Distrito Federal, Instituto de Verificación Administrativa (Invea) del Distrito Federal, Protección Civil, Contraloría del DF y Caminos y Puentes Federales (Capufe)” señalaron los miembros del campamento Ixtliyólotl.
Los vecinos exigieron “un auténtico ejercicio de la democracia en donde el pueblo pueda decidir lo que mejor convenga a su justo desarrollo, donde antes de iniciar cualquier proyecto público, privado o asociación público-privada se consulte al pueblo como se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” y hacer valer la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 2007. De acuerdo con los vecinos, la gasolinera deberá dejar de funcionar el día 5 de marzo, cuando se cumple el plazo para que las resoluciones del Tribunal sean ejercidas.
