La Red Nacional de Abogadas Indígenas y la Red Nacional Indígena pidieron que se investigue, se proceda penalmente y se conozcan los nombres de todas las personas que integraban el grupo de WhatsApp “Sierra XXX”, donde se compartía ilegalmente imágenes con contenido sexual o íntimo de mujeres indígenas Ayuujk .
El 20 de marzo medios de comunicación del estado de Oaxaca revelaron la existencia del grupo mensajería, integrado por funcionarios públicos en el que se encontraron imágenes de la defensora Sandra Domínguez Martínez, quien al descubrirlo presentó las quejas y denuncias correspondientes.
En dicho grupo había funcionarios públicos locales y federales, entre ellos Donato Vargas, extrabajador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI ) y Rolando Vázquez Pérez, quien a raíz del conflicto “renunció” a su cargo como jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, así como el líder Juan Eliel Hernández.
En una carta dirigida al Gobierno de Oaxaca, al INPI y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la red de abogadas expresó su preocupación porque funcionarios que laboran en espacios donde se supone lideran la defensa de los derechos de la población indígena, son quienes precisamente violentan estos derechos.
Aunado a lo anterior, las abogadas condenaron la actitud del presidente municipal de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, en Oaxaca, Artemio Ortiz Ricárdez, quien emitió un comunicado por medio del cual revictimizó y estigmatizó a la denunciante, y respaldó a Rolando Vázquez Pérez.
Los actos de Artemio Ortiz violentan públicamente a las víctimas y las deja en una situación de extrema vulnerabilidad a otros actos de violencia y discriminación, señalaron las abogadas, por lo que las integrantes de la red exigieron que se inicien las carpetas de investigación correspondientes con la debida diligencia y prontitud.
En la carta, que también fue firmada por 78 organizaciones de mujeres, se pidió a las autoridades involucradas, especialmente al INPI, investigar prácticas de violencia sexual ejercidas por el personal a su cargo, sancionar estas conductas y rescindir de sus puestos a quienes se encuentre responsables.
Asimismo, pidieron se elabore y aplique efectivamente un protocolo de atención a la violencia de género aplicable al INPI; y que se realicen filtros que eviten este tipo de perfiles machistas y misóginos en sus instituciones.
A su vez, la Red Nacional Indígena emitió un pronunciamiento para exigir que las autoridades del estado de Oaxaca, tanto de la Secretaría de la Función Pública, como de la Fiscalía General del estado, realicen las investigaciones correspondientes para que se sancione de manera administrativa y penal a quienes resulten responsables.
Las personas que integran esta red aseguraron que el silencio ante este tipo de situaciones denigrantes se puede entender implícitamente como complicidad, por ello decidieron hacer pública su postura, para que las instituciones correspondientes hagan valer el respeto irrestricto de los derechos de las mujeres indígenas.
Con la misma exigencia, más de 200 organizaciones de mujeres y 300 defensoras de Derechos Humanos exigieron una disculpa pública al titular del INPI, Adelfo Regino Montes, quien este fin de semana consideró como un “asunto personal” el caso que involucra a funcionarios de su dependencia ejerciendo violencia sexual y cibernética contra mujeres indígenas.
Las organizaciones de mujeres indígenas, y mujeres afrodescendientes “con el permiso de la palabra de las abuelas de nuestras naciones originarias”, manifiestaron su preocupación por la violencia y expresaron temor por posible riesgo para las víctimas directas.
“Se debe considerar que en las comunidades indígenas el ser funcionario público aporta facilidades para pactos patriarcales y de impunidad”, esto en un país caracterizado “por sus altos índices de violencia machista y racismo”, advirtieron.
Tras conocerse la denuncia pública, el jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del INPI, Rolando Vásquez Pérez, renunció a su cargo. Sin embargo, las defensoras recordaron que la autoridad de Tamazulapam Mixe defendió públicamente, en un comunicado, a este ex funcionario, originario de esta comunidad.
Cabe recordar que la difusión de imágenes íntimas de mujeres se castiga en Oaxaca hasta con ocho años de cárcel.
