No se sabe con exactitud que esperaban los padres de los normalistas de Ayotzinapa de su reunión con el Ejecutivo Federal, porque el pliego de ocho puntos entregado contiene las mismas demandas que se plantearon en las primeras semanas de la tragedia y, a cambio, recibieron las dotaciones de siempre, las de las promesas. Así que la respuesta de Enrique Peña Nieto ante la presión de organismos internacionales, las movilizaciones sociales y el apremio de los familiares de los 43 desparecidos, fue ordenar la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, es decir, un organismo que, como los muchos formados, no llega a ningún resultado y mucho menos plantea culpabilidades o llega al fondo de los casos. Además, se proyecta la creación de un equipo de peritos para revisar lo acontecido en el basurero de Cocula, lo que será clave para descubrir lo que ocurrió con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, lo cual es altamente demagógico ante las alteraciones que se han generado en esa área.
Durante esta reunión privada, para la cual se montó un impresionante dispositivo de seguridad del cuerpo de Guardias Presidenciales, quienes instalaron vallas y cercaron las instalaciones del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, y en la que participaron 116 personas, Peña Nieto señaló a los familiares de los normalistas que “estamos del mismo lado; ustedes y yo buscamos lo mismo: saber qué pasó con sus hijos (…) La investigación sigue abierta, nunca se ha cerrado y no habrá carpetazo”, según lo informó el vocero presidencial Eduardo Sánchez, al término del encuentro. Ahora que, solamente el que se exija el traslado de los familiares de las víctimas hasta el DF habla por sí solo de la prepotencia que persiste en el trato de este caso, a lo que se agrega ese montaje policiaco como si las decenas de adoloridos padres fuesen pandilla.
El funcionario reportó que Peña Nieto giró instrucciones para investigar todos los hallazgos y a todos los posibles responsables que arroje la investigación; incorporar la recomendaciones e investigación del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como continuar con los trabajos para saber qué pasó, de manera individual, con cada uno de los estudiantes desaparecidos. Agregó que se deberá integrar un equipo de peritos del más alto nivel para revisar los hechos del basurero de Cocula. O sea que ordenó volver a empezar, comenzar de cero, investigaciones cuyos resultados, antes de que se conozcan ya están en la duda. Nada parece que podrá satisfacer en la pretendida solución de estos que, con certeza, fueron de los más deleznables crímenes.
Las autoridades federales informaron en el encuentro -que inició a las 13:30 horas y concluyó a las 16:18 horas- que hasta el momento se han detenido a 111 personas, entre ellas medio centenar de policías municipales de Iguala, 19 de Cocula, 40 integrantes del grupo criminal “guerreros unidos”, el ex alcalde de Iguala y su esposa, quienes han sido señalados como autores intelectuales de la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa. Pero nada que ver con las autoridades estatales, con el ex gobernador Ángel Aguirre, con la cadena que se sigue cuando se trata de investigar grupos de narcotraficantes y sus relaciones con la autoridad. Curiosamente en otros casos es a estos mafiosos a los que les cargan de inmediato la culpa y, en el Estado en donde se generan miles de millones de dólares derivados de la producción de heroína, de la siembra de amapola, no surgen en ninguna declaración.
Los familiares de los normalistas desaparecidos exigieron a Peña Nieto se comprometa a replantear la investigación sobre los 43 estudiantes y los tres asesinados en una unidad especializada de investigación con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están los estudiantes y otras que investigue “el montaje con el que se pretendió engañar a las familias”. Estas han sido las principales demandas nunca escuchadas y, la búsqueda gubernamental se limita a crear un libreto creíble y no una investigación seria, profesional, científica, que pueda ser avalada por expertos de dentro y fuera y que revele quien o quienes realizaron, como primer punto, la detención de los normalistas, porque como ha venido siendo costumbre, con un solo ejemplo pretenden crear la explicación de todos. Es el caso de la posibilidad de que hubieran sido torturados en una casa de seguridad por la prueba realizada a una mancha de sangre.
Junto con abogados, representantes de organizaciones de acompañamiento, los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA y los antropólogos forenses argentinos, los familiares de los normalistas entregaron a Peña Nieto un documento con ocho demandas, entre las que se incluyen que el gobierno federal acepte plenamente el informe del GIEI, con todas sus recomendaciones; que se amplíe su mandato por un año, y no sólo por seis meses. Advirtieron al titular del Ejecutivo federal que “mientras no haya verdad, nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración y a su nombre se le asociará el de Ayotzinapa como un símbolo de impunidad y de la corrupción que reina en el país”.
Por parte del gobierno federal estuvieron presentes en la reunión el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la procuradora general de la República, Arely Gómez; el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán; el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín; el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava; el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa; el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales; y el titular de la SEIDO de la PGR, Gustavo Sales Heredia, entre otros.
Y, todos ellos escucharon: “Presidente, no confiamos en sus instituciones y en su gobierno que dolosamente buscaron engañarnos, pero el anhelo de abrazar nuevamente a nuestros hijos hoy nos hace estar aquí para exigirle unas vez más que los encuentre, que los encuentre ya. La primera vez que venimos ante usted, con la desaparición a cuestas tras más de un mes sin saber de nuestros hijos, firmamos 10 compromisos que no fueron cumplidos cabalmente. Su palabra no fue honrada”. Ante esto no parece aceptable una respuesta a base de verborrea.
