Madres de víctimas de feminicidio en Puebla realizaron un mitin afuera del Congreso local, edificio tomado por colectivas feministas, para pedir que la Comisión de Igualdad de Género llame a comparecer al Fiscal General del estado, Gilberto Higuera Bernal, por anomalías en la investigación de los casos.
Esto ocurre después de que el viernes 27 de noviembre se citara a la familia de Zyanya Figueroa Becerril, víctima de feminicidio en mayo de 2018, a una diligencia a las 10:00 horas y después de pasar más de siete horas en el lugar, no se presentara la agente del Ministerio Público que lleva su caso, ni se les avisara de la cancelación del acto.
Para Patricia Becerril, madre de Zyanya, la cancelación de la diligencia sin previo aviso se suma a los varios actos de revictimización en su contra y a fallas en la investigación del feminicidio de su hija, para apuntalar la hipótesis de que se trató de un suicidio, como se inició la carpeta de investigación por su caso.
No fue suicidio, fue feminicidio
En el acto de protesta de este 1 de diciembre, en que estuvieron presentes la madre de Mariana Lima, Irinea Buendía; la madre de Lesvy Berlín, Areceli Osorio; la mamá de Abigail Guerrero, Araceli Mondragón,; la mamá de Yang Kyung Jun, Mónica Borrego y la familia de María Elizabeth Orea Méndez, la consigna que sonó más potente fue: “No fue suicidio, fue feminicidio”.
Tanto el caso de Zyanya, como el de Mariana, Lesvy, Yang y Gabriela, cuya familia no pudo llegar a la manifestación, se investigan como suicidio y sin cumplir con los protocolos estatales, nacionales e internacionales respecto a las muertes violentas de mujeres.
Irinea Buendía dijo que las autoridades ministeriales investigan los casos de feminicidio como suicidio, porque es más fácil y porque todo está dispuesto para exculpar a los presuntos responsables; sin embargo, las familias de las víctimas y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) en su búsqueda de justicia han logrado cosas importantes, como la sentencia del caso Mariana Lima Buendía, donde se establecen los lineamientos para una investigación de feminicidio con perspectiva de género.
Piden comparecencia de fiscal
Durante la lectura del pronunciamiento de las familias, Patricia Becerril dio a conocer que en el caso del feminicidio de su hija Zyanya hubo ausencia de planes metodológicos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, revictimización continua a la que se nos sujeta en diversas diligencias e incumplimiento en solicitar y garantizar los derechos que nos corresponden como víctimas indirectas.
Mientras que en el caso de Diana Celina González Hernández, víctima defeminicidio en diciembre de 2019, mencionó a nombre de la familia, que no se han realizado las acciones pertinentes para recuperar sus restos, pues sólo una parte de su cuerpo fue encontrada a orillas del puente de Quetzalapa, cerca de los límites entre Guerrero y Puebla.
Respecto a Gabriela Sánchez Martínez, la madre de Zyanya informó que la Fiscalía omitió toda la violencia previa que vivió, entre ella la explotación sexual por parte de su pareja, para descartar el suicidio y realizar las indagatorias que apunten a un posible feminicidio.
Ante esta situación, Patricia Becerril pidió que el Congreso llame a comparecer a la fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, María Eugenia Calderón Olimán, para que se pronuncie respecto a las omisiones y negligencias que se exponen en este documento.
Feministas arropan la causa
Por su parte, las colectivas feministas que tienen tomado el Congreso del estado se manifestaron en apoyo a las familias y señalaron que dentro de su pliego petitorio se incluyó un apartado referente a la Alerta de Género, para que se otorguen más recursos para su cumplimiento y se informen de las acciones hasta ahora emprendidas.
También agregaron que la lucha continuará no sólo hasta que se apruebe la despenalización del aborto en Puebla, sino hasta que haya justicia para las mujeres y familias víctimas de la violencia de género. Las declaraciones se realizan después de que el martes ingresaran al inmueble del Congreso policías estatales y seguridad privada para amedrentar a las activistas.
