El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el decreto de expropiación de un inmueble en la alcaldía Venustiano Carranza, medida que se suma a las expropiaciones promovidas a favor del Instituto de Vivienda (INVI) durante el último año y que ha despertado inquietud en ciertos sectores defensores de la propiedad privada.
Si bien han existido dudas en torno a esta medida y funcionarios públicos han rechazado las expropiaciones sin conocer a detalle las implicaciones, cabe recordar que esta estrategia sustenta la expropiación en la ampliar la oferta de vivienda accesible en zonas céntricas de la ciudad.
En el caso de las últimas expropiaciones, especialmente la de la colonia Algarín en la alcaldía Cuauhtémoc y la colonia San Juanico en la alcaldía Miguel Hidalgo, forman parte del Programa de Vivienda en Conjunto, el cual contempla el financiamiento para proyectos de vivienda a favor de sectores vulnerables y de aquellas personas que habitan en sitios de alto riesgo.
Demandantes originales son automáticamente beneficiados
Este programa contempla además a población asentada en campamentos o en inmuebles con valor patrimonial, incentivando la producción social de vivienda mediante el uso óptimo del suelo habitacional en delegaciones que cuentan con servicios y equipamiento urbano, a fin de coadyuvar a la realización del derecho humano a la vivienda.
Es decir, que los decretos de expropiación más recientes corresponden a lugares que cuentan con un dictamen de alto riesgo estructural emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC).
Por otra parte, es pertinente recordar que, según el propio reglamento del programa, cuando el suelo proviene de un predio expropiado, las personas que habitan el predio son automáticamente beneficiadas con un crédito de vivienda y solo deberán acreditar su arraigo en el inmueble, por lo menos en los últimos 3 años.
Aunque la medida busca garantizar el acceso a la vivienda digna, algunos funcionarios, como Diego Garrido, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, han expresado un rechazo tajante a la medida.
El caso de Algarín: inmueble de alto riesgo
Garrido incluso incentivó la desinformación con frases como “Hoy fue Algarín, mañana puede ser tu casa o tu negocio” (en referencia al inmueble ubicado calle Enrique Fernández número 22, colonia Algarín, alcaldía Cuauhtémoc).
Al respecto, la Secretaría de Vivienda ha explicado que el inmueble presentaba un dictamen de alto riesgo estructural, por lo que se determinó la vía de expropiación como opción para proteger la seguridad física de sus ocupantes, así como satisfacer la demanda de vivienda adecuada de los mismos.
Además, se recordó que, como es del conocimiento jurídico, todo proceso de expropiación inicia con una investigación en la que se solicita información y opinión a diferentes instancias locales y federales para considerar la factibilidad de la misma.
Una vez se obtienen los resultados de la información se solicita la expropiación del inmueble, no sin antes garantizar el derecho de audiencia de las personas físicas o morales que acrediten la titularidad registral y que consideren una afectación directa.
Expropiación contempla la indemnización
Por su parte, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México está obligado a realizar una búsqueda exhaustiva para ubicar el o los domicilios del titular registral para que se notifique legalmente el procedimiento de expropiación.
Además, en el decreto expropiatorio de Algarín y otros inmuebles, se establece el pago de la indemnización constitucional a la persona propietaria que resulte afectada de la expropiación.
Por último, a través de un comunicado, la Secretaría de Vivienda señaló que los procesos expropiatorios, propios de las grandes ciudades del mundo, son también un componente que fortalece la política de vivienda social para consolidar el arraigo y el derecho a la vivienda en beneficio de la regeneración del tejido social y urbano.
Algunas otras consideraciones que pueden encontrarse en el decreto publicado el día de hoy son el fin último de garantizar planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la ciudad, de modo que se logre el aprovechamiento del suelo mediante la distribución armónica de la población, el acceso equitativo a la vivienda y la regulación del mercado inmobiliario para evitar la especulación de inmuebles.
