El escándalo que rodea a Hernán N, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ha tomado un nuevo giro. Acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado, desaparición forzada y extorsión, se ha revelado que el exfuncionario cuenta con una suspensión vigente que le permite evitar ser detenido por cualquier autoridad en territorio nacional. Esta medida judicial complica su captura, a pesar de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ya solicitó a la Interpol su búsqueda y localización internacional.
La trayectoria del caso: De la fuga al amparo
Hernán N se separó de su cargo como secretario de Seguridad de Tabasco el 5 de enero de 2025. Sin embargo, la noticia de su presunta implicación en actividades ilícitas no tardó en surgir, llevando a las autoridades tabasqueñas a iniciar una investigación en su contra.
Fue el 4 de abril, casi tres meses después de dejar su puesto, cuando Hernán N solicitó un recurso de amparo ante un juzgado de Distrito. Su petición se basó en la supuesta transgresión de sus derechos constitucionales, amparándose en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución. El recurso fue admitido y, el 21 de abril, el juez concedió la suspensión para frenar cualquier orden de detención en su contra. Para mantener este impedimento, el juzgador le fijó una fianza de 16 mil pesos.
La información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detalla que se solicitó a distintos jueces información sobre posibles órdenes de captura en su contra, incluyendo a un “juez de Control de la Región Nueve, con sede en Centro, Tabasco y el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal de Tabasco”.
Originalmente, se citó a audiencia para el 18 de julio, pero esta ha sido reprogramada para el 20 de agosto de 2025, con el fin de no violar los derechos de las partes.
Búsqueda internacional y el vacío legal
Mientras Hernán N se valía de recursos legales en México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el exsecretario salió del país el 26 de enero de 2025. Ante esta situación, la institución solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una solicitud de búsqueda y localización en 190 países.
Este caso resalta la complejidad de la justicia cuando figuras públicas son acusadas de delitos graves y buscan protegerse a través de herramientas legales como el amparo. A pesar de la búsqueda internacional, la suspensión vigente en territorio mexicano representa un obstáculo para su detención inmediata si llegara a regresar al país o si su ubicación se limitara a la jurisdicción mexicana. La situación plantea preguntas sobre los mecanismos que permiten a presuntos delincuentes evadir la acción de la justicia, a pesar de las graves acusaciones en su contra.
