(29 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Raymundo Hernández Camacho desapareció en octubre de 2012. Al no encontrarlo, la familia puso de inmediato una denuncia, sin embargo, la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León fue deficiente desde el principio.
La familia explica que no existió una búsqueda exhaustiva, no hubo una investigación que tuviera como objetivo encontrar a Raymundo con vida, además, el Ministerio Público no orientó a la familia para realizarse pruebas de ADN, la cual es una de las principales medidas que define el resultado de la búsqueda de cualquier persona desaparecida.
Desde el día que los familiares de Raymundo interpusieron la demanda no dejaron de asistir con frecuencia a las dependencias que se encargan de este tipo de casos, en busca de ayuda y respuestas sobre la desaparición forzada. Así es como Korina Hernández Díaz, hija de la víctima, se puso en contacto con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL), dos años después de los hechos. Fue hasta ese momento que bajo la asesoría de la organización se solicitó que se realizarán las pruebas de ADN faltantes en el proceso.
Meses después, el 15 de enero de 2015 la Procuraduría Estatal informó a la familia que las pruebas habían dado coincidencias con un cuerpo encontrado el 30 de octubre de 2012 y que, al momento, ya se encontraba sepultado en una fosa común del municipio de Cerralvo, Nuevo León, según información obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO.
Esto significa que el mismo mes de la desaparición forzada de Raymundo Hernández, se localizó su cuerpo sin vida. Sin embargo, la familia padeció la incertidumbre casi 3 años más porque no pudo ser identificado y entregado a su familia, derivado de las fallas al momento de la búsqueda.
Al enterarse, la familia dio inicio a los trámites inmediatos para recuperar el cuerpo de Raymundo para trasladarlo a la cripta familiar, sin embargo el ministerio público Agencia No. 1 con Detenidos, ubicada en Alamey, informó que la familia debería pagar por el servicio 48 mil pesos más un “moche” para agilizar el trámite, está acción fue denunciada el 5 de marzo de 2015 ante el Procurador del Estado, Javier Flores Saldívar quien ordenó se levantara una queja contra el funcionario. También se pidió que el Estado corriera con los gastos de exhumación, traslado, velación e inhumación debido a la negligencia del ministerio público al iniciar la averiguación. Ante la falta de avance en el proceso de recuperación del cuerpo y, ante la falta de identificación plena y directa del mismo por parte de los familiares, se denunció el caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se solicitó el apoyo a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
Lo que dio como resultado que se diera paso a la identificación del cuerpo por parte de los familiares, su rescate de la fosa común y un entierro digno en un panteón, todos los gastos fueron sufragados por el Estado. Sin embargo, la familia aún asegura que pese a que encontraron a Raymundo, no encontraron la verdad.
Lo anterior, es resultado del deficiente seguimiento que se le ha dado al expediente, lo cual ha violado el Derecho de las víctimas al acceso a la Justicia. Hasta hoy no existe un esclarecimiento de las condiciones en las que se dio la desaparición, ni de los posibles perpetradores, explica FUNDENL a Revolución TRESPUNTOCERO.
Quien también da a conocer que el número real de personas desaparecidas en Nuevo León podría llegar a 10 mil, sin embargo las cifras oficiales dan cuenta solamente de 2 mil 195. La cifra del organismo se basa en el cálculo, realizado a partir de datos de la Organización de Naciones Unidas, partiendo de la cifra negra, es decir, que se denuncia sólo una de cada cuatro desapariciones.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas -organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG)- ubica a Nuevo León como la tercera entidad con más víctimas al contar 2 mil 195 casos, en tanto que Tamaulipas alcanza 5 mil 511 y el Estado de México, 2 mil 407 casos de desaparición forzada.
Desde mediados del año pasado un nutrido grupo de familias que han padecido la desaparición forzada de alguno de sus seres queridos, han exigido en forma constante al gobierno estatal que entregue resultados, que profundice en las investigaciones y que las pesquisas sean bien realizadas para que al final haya justicia.
Sin embargo, siguen asegurando que los desaparecidos de Nuevo León están olvidados por el gobierno del estado, quien usó el tema como parte de su promoción durante su campaña política, sin que ahora en el poder Jaime Rodríguez Calderón haya realizado acciones favorables para las familias.
A su vez se ha denunciado que los expedientes de los casos permanecen ‘empolvándose’ debido al abandono, porque a las autoridades “no les interesa ni mueven un dedo para llegar hasta dar con el paradero de ellos y de otros miles de personas, porque simplemente existe falta de voluntad oficial para atender estas denuncias”.
Por su parte, FUNDENL explica que seguirán manteniendo la exigencia que se brinde capacitación en materia de derechos humanos a las autoridades encargadas de casos de desaparición forzada, en la que se incluyan temas relativos al respeto de los derechos fundamentales con relación a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro país, al personal de la Agencia del Ministerio Público Investigador Numero uno con detenidos del Primer Distrito Judicial en el Estado que no haya sido capacitado aún en el rubro especificado.
Se agrega que “el gobierno de Jaime Rodríguez está ante la oportunidad de demostrar con hechos su compromiso con la justicia. Esperamos que el Gobierno acepte las recomendaciones y que la justicia para las víctimas de desaparición en Nuevo León se empiece a asomar y en caso que las rechazara, las víctimas sabrán de una vez que también este Gobierno independiente está en su contra y que seguirá el mismo camino de violencia, corrupción e impunidad del gobierno anterior”.
