(29 de mayo, 2016).- Colectivos de familiares y defensores de derechos humanos, que mantienen una búsqueda incansable de sus personas desaparecidas de manera forzada, aseveran que “uno de las principales obstáculos que enfrentan para resolver los casos es la falta de voluntad del Gobierno mexicano”.
Es por ello que se denuncia que, la condición de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta sólo con 29 ministerios públicos y 58 agentes ministeriales para realizar las investigaciones.
“Los Ministerios Públicos tienen muy poco personal de apoyo, lo que limita más su trabajo, pero esto es un reflejo de la falta de voluntad política de reconocer, primero, la problemática de la desaparición de personas en México y, luego, de hacer políticas de Estado para atenderla”, acusó Ximena Antillón, investigadora del área de derechos humanos de Fundar.
También dijo que, la Fiscalía trató de formar una unidad de análisis de contexto, pero el personal renuncia por la falta de recursos económicos y tecnológicos. Es por ello que entre enero y abril de este año, las investigaciones estuvieron detenidas, esto también se debió a que los MP se ausentaron para recibir capacitación sobre la implementación del nuevo sistema de justicia.
Por su parte, Lucía Díaz Genao, fundadora del colectivo El Solecito, que reúne personas con parientes desaparecidos en Veracruz, afirmo que es humanamente imposible resolver los casos con tan poco personal.
Hasta ahora el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación, cuenta con más de 27 mil personas no localizadas en todo el país, pero la Fiscalía especial federal sólo tenía mil 144 averiguaciones previas, a febrero pasado.
Es decir, cada Ministerio Público de la Fiscalía de la PGR tiene a su cargo la investigación de 39 expedientes. En tanto, Zita Loyo, de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, declaró que “para realizar investigaciones efectivas se debería buscar la forma de que las fiscalías, tanto federal como las locales, no respondan directamente de los intereses de los mandatarios”.
