El Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta una grave crisis financiera, revelada por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el cual denunció un faltante de 14 mil millones de pesos (mdp) heredado por el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Esta cantidad representa un déficit crucial para la operación financiera del PJF.
Síntesis de la Trayectoria
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que recientemente fue transformado o sustituido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), era el cuerpo encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, excluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus funciones eran vitales para el correcto funcionamiento logístico y administrativo de juzgados y tribunales.
La denuncia actual por el déficit presupuestal marca un hito negativo en la historia reciente de la administración judicial, contrastando con el objetivo de eficiencia y probidad que se espera de estos órganos. El señalamiento recae directamente sobre la gestión anterior a la creación del OAJ.
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Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), fue el encargado de hacer pública esta alarmante situación. Sus declaraciones no solo se limitan al faltante de 14 mil mdp para la operación financiera, sino que también incluyen graves carencias que afectan el trabajo diario del PJF.
El presidente del OAJ denunció lo siguiente:
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Déficit de $14,000 mdp: El extinto CJF dejó este millonario faltante que impacta la operación financiera del PJF.
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Fallas operativas y materiales: Se señalaron “faltas graves de mantenimiento en inmuebles”, además de una “carencia de recursos materiales para la labor jurisdiccional, como son impresoras y escáneres”.
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Riesgo laboral: Incluso se puso en riesgo la posibilidad de cubrir el sueldo de 50 mil trabajadores durante la primera quincena de septiembre debido a esta situación financiera.
Vargas Solano informó que, ante la gravedad de los hallazgos, el OAJ ya ha dado vista de ello a la Contraloría, iniciando así un proceso para que se investiguen las responsabilidades pertinentes.
Por su parte, el OAJ, en sus primeros 100 días, ha asegurado haber sentado las bases de un sistema judicial “capaz de responder a las exigencias de un país en constante evolución, gracias a una estructura depurada, renovada y fortalecida”, buscando una “separación clara entre funciones jurisdiccionales y administrativas” para iniciar el 2026 sin cargas financieras, revirtiendo el déficit heredado.
