(06 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2009, Héctor Rangel Ortiz fue el encargado de ir a recoger un pago correspondiente a un negocio familiar, por lo cual viajó a Monclova, Coahuila. “A mi hermano lo detuvieron en un retén de policías municipales, quienes le pidieron 200 pesos, él nos llamó y nos dijo que si no les daba ese dinero no lo iban a dejar continuar, hasta donde nos quedamos él les dio el dinero, pero eso fue lo último que conocimos de él, no volvimos a saber de él”, explicó a Revolución TRESPUNTOCERO Brenda Rangel Ortiz, hermana de Héctor y activista, miembro de Desaparecidos Justicia AC.
Desde la presentación de la denuncia, la familia Rangel padeció no solamente la desaparición forzada de Héctor, sino también la revictimización, una investigación sin resultados positivos, además de esto, la familia ha denunciado que las autoridades, se han portado “completamente omisas en distintos momentos”, a pesar de toda la información que se ha aportado.
Según la información aportada por Brenda Rangel, la investigación señala que fueron policías municipales quienes entregaron a joven a un grupo de los Zetas, quienes lo desaparecieron y hasta este momento se desconoce qué fue del paradero del joven.
La familia Rangel Ortiz se sigue manteniendo en constante peligro, por exigir justicia en el caso de Héctor, recientemente un familiar de un joven desaparecido fue agredido y amenazado en un aparente intento de impedirle a él y a su familia hacer campaña sobre su caso.
En julio pasado, las autoridades retiraron la protección policial a la familia, precisamente días después que otra familiar visitara Canadá para hacer campaña con Amnistía Internacional. Ahora mismo, se ha denunciado que las medidas de protección existentes son inadecuadas, ya que no han impedido el reciente ataque.
Según la información de Víctor Manuel García Herrera, cuñado de Héctor Rangel Ortiz, el 22 de septiembre, a las cuatro de la tarde, tres hombres armados lo arrojaron al suelo a golpes y patadas en su ciudad de residencia, Querétaro.
Durante el episodio de violencia física, le dijeron: “ya bájate o te vamos a dar un levantón. Esto es para que te aplaques, pinche abogadete. No sabes en qué te estás metiendo. Ya bájale o te vamos a dar un levantón. Esto es para que te aplaques, pinche abogadete. No sabes en qué se están metiendo”.
Víctor y su esposa, Brenda Rangel Ortiz, han hecho campaña activamente para conseguir que se conozca la verdad y se haga justicia para Héctor Rangel. Por lo que desde que comenzaron su campaña, “han recibido amenazas de agentes de la policía local, así como amenazas de muerte de un detenido durante los procedimientos judiciales”, ha denunciado Amnistía Internacional.
Anteriormente, las autoridades federales les concedieron protección policial en 2013, pero luego se la cancelaron, “sin aviso ni explicación adecuada, el 6 de julio de 2016, días después de que Brenda Rangel regresara de Canadá, donde había hecho campaña con Amnistía Internacional sobre las desapariciones en México.
Las autoridades les dejaron unas medidas de protección mínimas que no impidieron el reciente ataque. Brenda Rangel y Víctor García también han apoyado a decenas de familias que están buscando a sus parientes desaparecidos en el estado de Querétaro”, denuncia la organización.
Los hechos anteriores, se consideran como una medida de represión por denunciar el caso de manera internacional, derivado de la falta de justica que existe por parte del país de las autoridades del Estado Mexicano.
Es por ello que Amnistía Internacional, mantienen la exigencia hacia las autoridades a brindar protección inmediata y efectiva a Víctor García, Brenda Rangel y su familia, incluidas medidas de protección policial.
Además les piden que ordenen una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el incidente, y que lleven a los responsables ante la justicia; así como determinar el paradero de Héctor Rangel Ortiz, y que lleven a los responsables ante la justicia.
El caso de Héctor Rangel, se encuentra en manos de agentes de la Procuraduría de Justicia del estado de Coahuila y de la Procuraduría General de la República. Y aunque la investigación está en curso, mínimos han sido los progresos. Y por el contrario, este mismo año han sido absueltos tres policías. La familia Rangel no pudo recurrir contra la sentencia absolutoria porque las autoridades, porque no se les informó de ésta antes del plazo límite legal.
Las represalias también podrían estar dirigidas por el hecho que Brenda Rangel y Víctor García gestionan la pequeña organización local “Desaparecidos Justicia”, y han apoyado a 48 familias que han sufrido desapariciones en el estado de Querétaro. Han localizado a 16 víctimas, 9 de ellas vivas.
Según cifras oficiales actuales, más de 28 mil personas han desaparecido o están en paradero desconocido en México, la mayoría desde 2007. La mayor parte de estos casos parecen haber tenido lugar durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.
