Representantes de familiares de víctimas exigieron a Enrique Peña Nieto acelerar la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para que se le asignen fondos públicos y se pueda aplicar.
Michael Chamberlin y Yolanda Morán, del Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, respectivamente, recordaron que han pasado ya dos años desde que comenzó a debatirse esta ley, y las familias de desaparecidos “ya no pueden esperar más” para localizar a sus seres queridos.
Indicaron que, por medio del secretario y el subsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y Roberto Campa, Peña Nieto se comprometió a promulgar la ley ante las familias, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Si Peña Nieto deja pasar el tiempo y no promulga la ley, sin duda se enfrentará al descrédito internacional” – consideró Chamberlin, explicando que la publicación en el Diario Oficial debe ser hecha antes del 15 de noviembre, para que su aplicación pueda ser considerada en la Ley de Egresos 2018, o sino, “la Ley General aparecerá como un ente, sin que se pueda hacer nada”.
“Estamos empujando para que al menos se reserven los 750 millones que proponen las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, aunque la ley se promulgue después del 21 de noviembre” – agregó Yolanda Morán.
Luego de mencionar que los familiares de desaparecidos tienen miedo de que se designe el presupuesto después de las elecciones federales de 2018, el subdirector del Fray Juan de Larios, consideró que la tardanza en promulgar la Ley General responde a que el gobierno de Peña Nieto quiere pasarle problema a la nueva administración.
“Están haciendo un cálculo si quieren operar esto o no el próximo año o dejárselo al próximo gobierno, sería terrible para los familiares tener una ley que no funcione, con la prisa que tienen por encontrar a los suyos, sería un desprestigio mayor para el presidente”.
Chamberlin agregó que la urgencia de los familiares se ha cruzado con la de reconstrucción por los desastres provocados por los sismos de septiembre, por lo que la discusión de cuánto sería el monto inicial con el que tendría que arrancar la estructura que atenderá la Ley General en Materia de Desaparición se ha vuelto inútil.
Yolanda Morán, quien también es madre de un joven desaparecido en diciembre de 2008, comentó que se dice que “21 de noviembre Peña Nieto va a promulgar la ley, pero para ello el 16 ya estará el presupuesto de egresos aprobado.
“Hemos iniciado una campaña para que los legisladores se pongan en nuestros zapatos cuando tenga que revisar el presupuesto, y que por lo menos atienda la opinión de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia de la misma Cámara”.
De acuerdo con la información recabada por Morán, para esta ley el gobierno de Peña Nieto se comprometió a “tener una bolsa guardada para cuando se promulgue la ley y pueda aplicarse, esperamos que cumplan con su palabra”.
El gobierno propuso 441 millones de pesos para la operación de la ley, los diputados de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia consideran que deben destinarse unos 751 millones, y los diputados de Morena dicen que van a pedir mil millones.
“Hay un compromiso de Osorio Chong y de Campa de que por orden de Peña Nieto habría una partida extraordinaria etiquetada para la ley de desaparición, y que sería implementada por Gobernación, pero se tienen que reforzar áreas en la Procuraduría General de la República (PGR), la Plataforma México, entre otras dependencias.
“Estamos empujando para que al menos se reserven los 750 millones que proponen las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, aunque la ley se promulgue después del 21 de noviembre” – mencionó Morán.
