(13 de octubre, 2015).- El dolor y sufrimiento de las familias de personas desaparecidas en el estados de Jalisco más la poca o nula sensibilidad del gobierno provocó que la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej) decidiera abandonar, por falta de resultados, las mesas de trabajo que desde mayo tenía con el gobierno estatal, en las que supuestamente se definirían estrategias para la localización de cientos de personas.
Son más de 300 familias decepcionadas de Guadalajara y otros municipios del estado que buscan a sus parientes e integran la asociación hubo consenso en que las mesas que cada mes se realizan no han resuelto el problema. Según datos de la Fiscalía General de Jalisco, en la entidad hay 2 mil 969 personas desaparecidas, así lo dijo la vocera de Fundej, Guadalupe Aguilar.
No han sido atendidas las ocho demandas que Fundej presentó al gobierno estatal en marzo pasado, lo que, a juicio del organismo, confirma que están perdiendo tiempo valioso y prefieren continuar con la búsqueda de sus familiares que ir a sentarse a “tomar café y comer galletitas”.
Señaló que tras la instalación de las mesas de diálogo, en mayo, en un acto al que acudieron el gobernador Aristóteles Sandoval y los titulares de varias dependencias estatales, incluida la Comisión de Derechos Humanos, ahora sólo envían representantes sin capacidad de decisión.
Las quejas se refieren a la entrega de los expedientes de las investigaciones de cada caso, la realización de pruebas de ADN a los familiares, renovación y ampliación del personal de la agencia especializada en desapariciones.
Asimismo, búsqueda inmediata en cualquier desaparecido, correcta aplicación de la alerta Amber, un registro público de desaparecidos, acuerdos con compañías telefónicas para el rápido acceso a las últimas llamadas del número del ausente y poner alto a la victimización de las familias.
Los miembros de Fundej consideran que el gobierno de Jalisco no ha reubicado la agencia especializada a un lugar más céntrico y seguro; tampoco ha entregado copia del expediente a cada familia ni ha tomado muestras de ADN.
