La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el informe final sobre el siniestro ferroviario ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, determinando que el incidente fue resultado de errores humanos y no de fallas estructurales o actos de corrupción. Tras un exhaustivo proceso judicial, la institución confirmó la firma de acuerdos reparatorios que benefician a 145 personas afectadas.
A través de un comunicado, la Fiscalía subrayó que se agotaron todas las líneas de investigación para garantizar justicia a las víctimas y sus familias, bajo el principio de “al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”.
Tras integrar cuatro carpetas de investigación, el Ministerio Público federal acreditó la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas. Los peritajes señalaron como responsables directos a tres figuras clave en la operación del convoy el maquinista, el conductor y el jefe de despacho.
La FGR informó que ya se han obtenido y ejecutado órdenes de aprehensión y de cateo, logrando que los implicados fueran vinculados a proceso tras la audiencia inicial. Cabe destacar que, respecto al delito de daño en bienes, la empresa operadora otorgó el perdón legal.
Se descartan fallas técnicas y corrupción
Uno de los puntos más relevantes del informe es el descarte de fallas en la infraestructura o irregularidades en la contratación. La FGR detalló que los dictámenes en ingeniería civil y seguridad industrial confirmaron que la vía, durmientes, fijaciones y balasto en el punto del impacto cumplen plenamente con la norma. Se descartó el delito de ataques a las vías generales de comunicación.
Además, ae analizaron 41 contratos públicos relativos a la vía y equipo rodante. La revisión incluyó seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y once expedientes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los cuales no presentaron observaciones penales.
Finalmente, las diligencias periciales corroboraron que tanto las locomotoras como los vagones operaban bajo las condiciones normativas aplicables.
Privilegiando la protección de los agraviados, la FGR, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), facilitó el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.
“Las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implica la firma de acuerdos reparatorios”, informó la institución.
Hasta el momento, 145 personas (114 adultos y 31 menores de edad) han recibido la reparación integral del daño. Este proceso constitucional permite una resolución más eficaz y menos desgastante para las víctimas, derivando en la extinción de la acción penal para quienes suscribieron los acuerdos.
La FGR puso a disposición del público el informe conclusivo detallado en su página oficial, reafirmando su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la no impunidad.
