Ciudad de México – El proceso judicial en torno al accidente ferroviario ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) ha entrado en una etapa determinante. Una jueza federal otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria sobre el descarrilamiento de una unidad ocurrido en diciembre pasado.
Durante la audiencia celebrada para definir los tiempos procesales, los dos principales implicados —el conductor de la locomotora y el jefe de despachadores— decidieron acogerse a su derecho constitucional de no declarar. Ambos sujetos enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en el siniestro, bajo la hipótesis de posibles omisiones en los protocolos de seguridad y operación de la vía.
El Tren Interoceánico, pieza clave en la estrategia de conectividad logística entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, sufrió un percance que ha puesto en duda los mecanismos de control del sistema. Los eventos se han desarrollado de la siguiente manera:
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El Siniestro: El descarrilamiento tuvo lugar en el tramo comprendido entre las localidades de Palomares y Sarabia, en el estado de Oaxaca. El incidente provocó daños estructurales en la vía y en el equipo rodante, además de la suspensión temporal de las operaciones de carga.
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La Detención: Tras los peritajes iniciales realizados por expertos en ingeniería ferroviaria, la fiscalía detectó inconsistencias en el manejo de las velocidades y en las instrucciones dadas desde el centro de despacho, lo que derivó en la vinculación a proceso del personal operativo.
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El Periodo de Prueba: Con la resolución judicial emitida este 31 de enero de 2026, la FGR deberá recabar testimonios adicionales, realizar reconstrucciones de hechos y analizar las bitácoras digitales de la unidad para sustentar la acusación formal antes de que termine el primer semestre del año.
La relevancia de este caso trasciende la responsabilidad individual de los empleados, ya que afecta la percepción de seguridad de una de las obras de infraestructura más vigiladas del país. Los puntos más destacados de la reciente resolución incluyen:
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Reserva de declaración: El hecho de que el conductor y el jefe de despachadores no emitieran testimonio no detiene el proceso. La fiscalía basa gran parte de su caso en la “caja negra” de la locomotora, la cual registra cada movimiento y comando ejecutado antes del descarrilamiento.
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Posibles causas bajo investigación: Se investiga si el accidente fue producto de un error humano, una falla mecánica no reportada o incluso las condiciones físicas del terreno que pudieran haber sido ignoradas por el centro de mando.
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Medidas preventivas: Mientras se cumple el plazo de seis meses, los imputados no podrán acercarse a las instalaciones operativas del tren y deberán presentarse periódicamente ante el juzgado, garantizando que el proceso continúe sin riesgo de evasión.
El cierre de esta investigación será fundamental para deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes por daños a las vías generales de comunicación, un delito federal que conlleva penas severas.
