En cumplimiento con los acuerdos de Cooperación Internacional en materia de Extradición entre México y Hungría, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Gobierno de Hungría a dos personas de nacionalidad húngara, identificadas como Jozsef “L” y Orsolya “S”, quienes eran requeridas por el Tribunal de Budapest por diversos delitos cometidos con violencia.
#FGR entregó en extradición al Gobierno de Hungría a Jozsef “L” y Orsolya “S”, requeridos por delitos de lenocinio cometido con violencia, secuestro, tomarse la justicia por sus propias manos, poner en peligro a un menor y la falta cometida por abuso de oficios y documentos. 1/2 pic.twitter.com/kNArN9zi9b
— FGR México (@FGRMexico) October 22, 2025
De acuerdo con las autoridades, ambos están acusados de lenocinio cometido con violencia, secuestro, tomarse la justicia por sus propias manos, poner en peligro a un menor y abuso de oficios y documentos, ilícitos por los cuales enfrentaban procesos judiciales en su país de origen.
Las investigaciones del Tribunal de Budapest señalan que, en 2009, los ahora extraditados contactaron a varias víctimas a través de internet, a quienes ofrecieron supuestos trabajos bien remunerados en México. Sin embargo, una vez que las personas llegaban al territorio nacional, eran obligadas a prostituirse y sufrían maltratos, amenazas y extorsiones por parte de los implicados.
Ambos fueron detenidos en México y se les cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición en reclusión, debido a que ya se encontraban internos por una causa penal distinta en territorio nacional.
Tras agotar el procedimiento legal correspondiente, el Gobierno de México concedió la extradición solicitada por las autoridades húngaras. La entrega de los reclamados se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fueron recibidos por agentes designados del Gobierno de Hungría para su traslado final al país europeo.
Con esta acción, la FGR reafirma su compromiso con la cooperación internacional y el cumplimiento de los tratados en materia penal, a fin de garantizar que los presuntos responsables respondan ante la justicia por los delitos cometidos en el extranjero.
