La justicia alcanzó a Sandra “N”, socia propietaria de la Guardería ABC, quien fue detenida en Nogales, Sonora, tras permanecer prófuga en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio y lesiones culposas, relacionados con el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo de 49 niños muertos y decenas más heridos.
Deportación controlada y traslado a prisión
De acuerdo con la FGR, tras gestiones de cooperación internacional, se logró su deportación controlada a través de la Garita Puerta México–Dennis DeConcini, en Nogales.
El mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Posteriormente, Sandra “N” fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez de la causa para cumplir con la sentencia condenatoria en su contra.
La tragedia que marcó al país
El incendio de la Guardería ABC se convirtió en uno de los episodios más trágicos de la historia reciente: 49 niños murieron y decenas más resultaron con lesiones y secuelas permanentes. Las familias de las víctimas han exigido durante más de una década que la justicia alcance a todos los responsables, incluidos aquellos con vínculos políticos y empresariales que, hasta ahora, habían permanecido fuera del alcance de la ley.
El vínculo político que reaviva el debate
La captura de Sandra “N” vuelve a poner bajo la lupa los vínculos familiares con la senadora del PAN, Lilly Téllez. Hace unos meses, la diputada Lilia Aguilar, del PT, difundió actas de nacimiento que confirmarían la relación entre ambas. En el acta de la senadora aparece su abuelo paterno, Jesús Téllez Araiza, mientras que en la de Sandra Lucía figura Manuel Téllez Araiza, confirmando el parentesco.
Aguilar afirmó que la senadora “no debe rehuir a la discusión”, señalando la contradicción entre su postura pública de exigir justicia y el intento de desligarse del caso.
El episodio revive también la indignación de 2010, cuando Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala y Felipe Calderón, fue exonerada, generando reclamos de impunidad. Para los padres y madres de las víctimas, este caso sigue siendo el recordatorio de una exigencia viva: que la tragedia no se olvide y que la justicia no quede inconclusa.
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