La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La información fue confirmada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante una conferencia de prensa en la que aseguró que el caso está siendo llevado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia encargada de los delitos de alto impacto a nivel federal.
“Es una investigación que se está llevando a cabo por la Fiscalía General de la República, por la FEMDO, en este caso. La FEMDO es una institución muy seria y es una investigación, entiendo, que ya lleva varios meses llevándose a cabo. No tengo más información más que esta que te acabo de proporcionar”, declaró la mandataria estatal.
Carpeta federal en curso
De acuerdo con información oficial, el expediente correspondiente a esta indagatoria está identificado bajo la carpeta FED/FEMDO/UEITA-BC/0000170/2024, y señala que los presuntos vínculos de Caballero con el CJNG habrían comenzado desde el 1 de octubre de 2024, fecha en la que asumió la presidencia municipal de Tijuana.
Aunque no se han revelado más detalles sobre el avance de la investigación, la participación de la FEMDO implica que el caso involucra delitos de delincuencia organizada, competencia exclusiva del ámbito federal.
Caballero niega los señalamientos
Por su parte, Montserrat Caballero ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que la indagatoria forma parte de una presunta persecución política desde el gobierno estatal, algo que Marina del Pilar negó rotundamente durante la misma conferencia:
“Esta investigación se origina directamente por parte de la Fiscalía General de la República. Es, repito, una instancia seria, la cual tendrá sus motivos para haber abierto esta carpeta de investigación en su momento”, afirmó la gobernadora.
“No es una cacería de brujas”
La mandataria bajacaliforniana puntualizó que no se trata de un proceso político, sino de una acción judicial que deberá seguir su curso conforme a derecho, y expresó su confianza en que el caso se esclarezca con prontitud y transparencia.
“No es una cacería de brujas, es una investigación que sigue su cauce y que, como todos los procesos judiciales, esperamos que concluya con claridad”, concluyó Ávila Olmeda.
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