La Fiscalía General de la República (FGR) dio un paso clave en uno de los casos más visibles de los últimos meses al judicializar una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, para que sea juzgada por su probable intervención en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la acusación, el caso está relacionado con la pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004, cuando se desempeñaba como directivo de la paraestatal.
Según la FGR, la investigación apunta a que el beneficio económico se habría concedido sin cumplir los requisitos legales, generando un daño patrimonial estimado en 31 millones de pesos, derivado del pago de 125 mil pesos mensuales durante varios años.
El origen del beneficio bajo investigación
En mayo de 2024, el entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que Márquez Padilla ingresó a la empresa el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración, durante el sexenio del expresidente Vicente Fox, y falleció apenas 129 días después.
Durante la conferencia matutina de ese mes, se dio a conocer que Márquez murió tras caer de una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex. Aunque los peritajes señalaron que se trató de un suicidio, ninguno de los documentos difundidos asentó formalmente esa conclusión.
Asimismo, se informó que el 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios, con efectos retroactivos al 8 de octubre, un día después del fallecimiento.
El delito que imputa la Fiscalía
Documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF) confirman que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial contra María Amparo Casar Pérez y dos personas más, para imputarles el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, vigente al momento de los hechos.
La legislación establece que este delito puede ser imputado tanto a servidores públicos como a ciudadanos, cuando se acredita que se otorgaron, promovieron o solicitaron indebidamente beneficios económicos dentro de instituciones públicas.
El Código Penal Federal señala que la sanción para este delito puede ir de seis meses a 12 años de prisión, además de 30 a 150 días de multa.
Audiencia y situación jurídica
De acuerdo con los registros judiciales, la audiencia inicial está programada para el próximo 16 de diciembre, fecha en la que se darán a conocer formalmente los resultados de la investigación y las conductas específicas que se imputarán a los tres señalados.
El delito no es considerado grave, por lo que, en caso de que se dicte vinculación a proceso, los imputados podrán enfrentar el juicio en libertad condicional, conforme a la legislación vigente.
Suspensión de la pensión y juicio de amparo
Pemex suspendió el pago de la pensión en febrero de 2024. Ante esta decisión, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo, y el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo ordenó a la empresa productiva del Estado reintegrar el pago, mientras se resuelve el fondo del asunto.
La judicialización del caso marca el inicio de una nueva etapa legal, en la que será el Poder Judicial el encargado de determinar la responsabilidad o no de los involucrados, a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
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