(11 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Leticia Sánchez, madre de una víctima de desaparición forzada e integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHM), denunció abiertamente que “la Fiscalía en Cuauhtémoc se encuentra en complicidad con grupos criminales, puesto que cuando alguien denuncia, inmediatamente recibe amenazas o ataques”.
Además, dijo que “los expedientes son apilados sin ser atendidos de tal forma que las investigaciones nunca concluyen”. Esto derivado de las circunstancias por las que ha tenido que pasar, en buscar de su hijo, quien desapareció, sin explicación alguna, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
Luis Carlos Hernández Sánchez, vivía con su familia en Ciudad Cuauhtémoc; tenía 18 años cuando fue desaparecido. El 22 de mayo de 2010, Luis Carlos se encontraba en las calles de su colonia, junto con varios amigos, cuando arribaron hombres armados en varias camionetas.
El grupo armado buscaba a un muchacho que no se encontraba en el lugar, sin embargo, tomaron como rehén a Luis Carlos, a él y otros siete jóvenes, los levantaron y se los llevaron.
De inmediato su madre, Leticia Sánchez pidió la ayuda de las autoridades, quienes hicieron caso omiso y ante la inacción de las mismas, fue ella quien comenzó a investigar y a buscar al joven de 18 años, además de recurrir a la exigencia de justicia de manera pública.
Tiempo después, y por intervalos, fueron apareciendo los cuerpos sin vida de otros jóvenes que fueron secuestrados ese día, sin embargo, el de Luis Carlos no apareció.
Por lo que la madre, atribuyó este hecho a una “cruel venganza”, por parte del grupo armado, ya que ella había levantado la voz exigiendo la aparición de su hijo.
Meses después, un otro joven fue víctima de una desaparición forzada, cuando se dirigía, junto con su madre, al funeral de su hermano, que era una de las víctimas cuyo cuerpo había sido identificado.
Así fue como Leticia Sánchez, según ha dado a conocer Amnistía Internacional, inició la búsqueda exhaustiva de su hijo, y en el largo y sinuoso camino que ha implicado dicha decisión, “empecé a ver que eran cientos de personas las que se habían llevado y no se había hecho nada”.
Según datos aportados por Amnistía Internacional, 46.5% de los casos de desaparición forzada, han sido denunciados bajo la actual administración, de los cuales en 2015, se registraron 3 mil 425.
Según el analista Roberto Palacios Reyes, la principal problemática a la que se enfrenta una familia, luego de padecer una desaparición forzada en Chihuahua, es “denunciar es todo un riesgo, el miedo es latente, hablamos de una de las regiones más peligrosas del país, no solamente por los grupos delincuenciales, sino también por las fuerzas armadas”, asevera al medio.
Según Amnistía Internacional, en la mayoría de los casos, que ha analizado, las familias de las personas desaparecidas acudieron muy pronto —generalmente en cuestión de horas— ante las autoridades para denunciar los hechos y exigir la búsqueda de sus familiares. “Sin embargo, en varios casos documentados por la organización, personal de la Fiscalía del estado de Chihuahua informó a las familias que tendrían que esperar 72 horas antes de que se tomara la denuncia correspondiente, pese a que esto no es un requisito legal”.
Ante la desesperación una familia recurrió a las autoridades a altas horas de la noche, por lo que su queja no fue recibida, les argumentaron que era “tarde” y debían volver al otro día.
“A ese grado de deshumanización hemos llegado, te niegan el trámite para salvar una vida, las horas cuentan, el nivel de desesperación de una familia es inexplicable, pero no les importa, no se puede entender por qué el tipo de persona que debe sentir la misma necesidad de encontrar a una víctima, niega la única posibilidad que existe”, asevera el especialista.
Quien además, comenta que en regiones de Chihuahua, puntualmente Cuauhtémoc, son pocas las familias que denuncian las desapariciones, porque “es un acto donde te juegas la vida, o el delincuente te busca por interponer la queja y te mata o la autoridad te intimida, o el segundo le da el aviso al primero, de tu acción”, comenta Palacios.
A decir por Amnistía Internacional, “el miedo tiene origen en la enorme penetración de la delincuencia organizada en la zona y en la colusión que la población percibe entre delincuentes y servidores públicos.
El miedo alcanza también a las autoridades. La familia de una persona desaparecida comentó que el agente del Ministerio Público asignado a su caso le habría mostrado su boleta de pago y dicho: ‘por ese sueldo yo no arriesgo mi vida’”, dando a entender que no buscaría a nadie.
En otros casos, los elementos de la Fiscalía de Chihuahua se habrían negado a realizar diligencias de investigación en cierta zona del estado indicando: “tenemos miedo, nosotros no podemos ir para allá”.
Sin embargo, como Leticia, muchas familias de víctimas, consideran que no es miedo, por el contrario, sospechan que existe una colusión de las autoridades con grupos de la delincuencia organizada, “lo que inhibe el avance de las investigaciones”.
Durante el foro Víctimas, academia, sociedad civil y Estado ante la desaparición forzada, organizado por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, se dio a conocer que “en Chihuahua la Fiscalía reconoce oficialmente mil 798 desaparecidos, pero la cifra debe ser superior, ya que cuentan también con casos de cinco mil perfiles de ADN de personas que fueron en los últimos años a fosas comunes porque nadie los reconoció”.
Por su parte, Gabino Gómez del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres dijo que en el estado de Chihuahua existe un listado oficial, y que es Juárez y el municipio de Cuauhtémoc los que tienen mayores reportes de desaparición forzada.
Cuauhtémoc mantiene 399 reportes oficiales de desaparición, de jóvenes que van de los 16 a menos de 30 años, donde las mujeres que tienen reporte son utilizadas en la trata de personas.
Así señaló, que dicho municipio presenta la tasa más alta de desaparición forzada del país, ya que 29% oficial de los casos se da en Cuauhtémoc, que tiene solamente el 4.5% de la población.
