(24 de julio, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- El lunes 23 de julio se conoció el texto de la carta que el presidente electo López Obrador envió al presidente Donald Trump en ocasión de su reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo.
En las 7 páginas de la carta la palabra seguridad se menciona 3 veces aisladamente y sin consideraciones adicionales. Sin embargo el texto comienza reafirmando que la seguridad es una de las cuatro áreas sustantivas de la relación bilateral.
Queda claramente expresada una fuerte apuesta al desarrollo económico y social en ambas fronteras del país, sur y norte, en lo que podría denominarse el Plan Río Bravo-Panamá. No se desprende una idea cierta de seguridad más allá de cierta presunción ingenua de que el desarrollo trae seguridad, algo que Ciudad Juárez experimentó dolorosamente con la convivencia de maquilas y guerra al narcotráfico.
Por ahora la problemática de seguridad como política específica del nuevo gobierno quedará radicada en los circuitos de la política interior, con un manejo más paulatino del horizonte de tiempo y con un persistente silencio sobre la responsabilidad del Estado.
Los miembros del gabinete de seguridad encabezados por Alfonso Durazo convocaron a la realización de foros de consulta con la sociedad civil para la preparación de una ley de amnistía cuyo objetivo declarado es lograr la pacificación del país. “Con esta convocatoria inicia este gran proceso de reflexión nacional, comenzaremos a recoger estas opiniones primeramente con las víctimas y después con expertos. Será el insumo para generar una iniciativa para presentar al Congreso”.
El 7 de agosto comenzará el primero de los 10 Foros de consulta que se realizará en Ciudad Juárez, extendiéndose por todo el país hasta el 24 de octubre. Los Foros se realizarán en Ciudad Juárez, Oaxaca, Morelia, Tijuana, San Luis Potosí, Veracruz, Tapachula, Reynosa, Durango y Ciudad de México.
Se prevé una participación amplia, que incluye a Naciones Unidas, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, agrupaciones de víctimas, campesinos cultivadores de amapola de la sierra de Guerrero, reclusos y expertos. También serán invitados gobernadores, presidentes municipales, responsables de la Defensa Nacional y de la Marina.
Una convocatoria tan provocativa encuentra su lógica en una amnistía ya efectivamente dictada y que está en curso. “A pesar del gran daño que le han causado al país y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie. Declaramos esta amnistía anticipada porque lo que se necesita es justicia, no venganza. No odiamos a nadie”. Así lo afirmó López Obrador en la ponencia “Cambio y porvenir de México. Una visión hacia 2018”, dictada en agosto de 2016 con claro destino a la “mafia del poder”. Los actuales Foros de consulta tienen la muy importante finalidad política de legitimar esa amnistía de 2016.
Con todos los planteamientos recabados se elaborará el plan de seguridad pública, con eje central en la propuesta ley de amnistía y justicia transicional anunciada en la campaña electoral y planteada como instrumento privilegiado para “recuperar la paz y la serenidad en el país”. Se adicionarán algunos instrumentos complementarios como una plataforma digital y brigadas de recorrido casa por casa.
A la hora de exponer definiciones más precisas la política tambalea. Alfonso Durazo propuso “complementar los retenes que operan hacia el norte con retenes que impidan el paso de armas hacia el sur de México y se utilizará tecnología avanzada en puertos y aduanas, donde también se combatirá la corrupción”. Aunque “la violencia no se va a combatir con más violencia” también es cierto que sólo el poder vence a la fuerza, un insumo cuyas dimensiones todavía no son medidas eficientemente por el nuevo gobierno.
