(17 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- En octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo promovido por Sergio Sánchez, quien fue acusado de homicidio, por lo que fue liberado “por no haber tenido una defensa correcta”.
Los ministros de la Primera Sala de la SCJN, concedieron un amparo promovido por la defensa de Sergio Sánchez Arellano, sentenciado a 27 años de prisión por un homicidio que no cometió. El amparo 7464/2016 fue aprobado por cuatro votos.
“Es sustancialmente fundado el argumento de agravio formulado por el recurrente, en el sentido de que el Tribunal Colegiado de Circuito realizó una interpretación incompleta al derecho de defensa adecuada y al alcance que representa la violación a ese derecho.
En efecto, el Tribunal Colegiado de Circuito al emitir la sentencia recurrida sostuvo que resultaba ilegal la diligencia de reconocimiento llevada a cabo ante el Ministerio Público en la cual la testigo de cargo identificó al inculpado como el que realizó las conductas imputadas, no sólo porque derivada de la detención ilegal, sino porque se practicó sin la asistencia del defensor del inculpado”, versa el proyecto de resolución aprobado hoy por la SCJN.
Sergio Sánchez Arellano, era un vendedor de dulces que trabajaba en las calles de Nezahualcóyotl, Estado de México, él fue detenido arbitrariamente por la policía de investigación de la Ciudad de México, por su supuesta participación en un homicidio y tentativa de robo.
Sergio contó a Amnistía Internacional que fue detenido en la noche afuera de su domicilio, en Nezahualcóyotl, por unas diez personas sin uniforme que se transportaban en automóviles que no estaban identificados, pero que llevaban vehículos policiales.
Lo privaron de la libertad sin explicar el motivo del arresto, sin informar a qué lugar o institución lo trasladarían, sin identificarse y sin presentar ningún tipo de documentación; en el proceso lo golpearon a él y a su esposa.
Fue incomunicado, golpeado y amenazado para que se inculpara, pero no lo hizo. Al día siguiente, le permitieron comunicarse con su familia y lo llevaron ante el Agente del Ministerio Público.
Sin embargo, las autoridades sostuvieron una versión diferente y afirman que el 30 o 31 de marzo de 2010 (el informe policial y las declaraciones de los policías difieren), acudieron afuera de la estación de metro Tacuba, en la Ciudad de México, acompañados de una supuesta testigo de un homicidio que había ocurrido en ese lugar cuatro semanas antes, para intentar encontrar al sospechoso.
Durante ese recorrido, según se narra en el expediente judicial, la testigo dijo reconocer a Sergio y los agentes lo detuvieron. Los policías llevaron a Sergio ante el agente del Ministerio Público, quien emitió una “orden de detención por caso urgente”, pese a que dicho tipo de órdenes se tienen que emitir siempre antes de llevar a cabo un arresto, y Sergio en ese momento ya estaba privado de la libertad.
Sergio fue condenado por homicidio a 27 años y 6 meses de prisión. Después de esto, al retomar el caso, Amnistía Internacional revisó el expediente judicial de este caso y encontró graves inconsistencias en las etapas de investigación policial, la acusación y la condena.
En noviembre de 2016 un tribunal federal confirmó que la detención de Sergio fue arbitraria, pero no desestimó la declaración de la supuesta testigo de los hechos, por lo que confirmó la condena.
En México, los arrestos por supuesta flagrancia son muy comunes y suceden —según la información proporcionada por operadores de justicia y otras personas expertas entrevistadas— con más frecuencia que aquellos llevados a cabo bajo otra base legal (como la existencia de una orden de aprehensión o por tratarse de un caso urgente).
Sin embargo, no en todos los casos la policía aprehensora aplica adecuadamente el marco legal, y muchas veces lo informado oficialmente por los policías no es lo que realmente ocurrió, lo que provoca arrestos y detenciones que son arbitrarias bajo el derecho nacional e internacional, señala AI.
“En México es un modus operandi las detenciones arbitrarias que es el inicio de un proceso cuyo propósito tiene inculpar a un ciudadano común e inocente, a quien detienen y de pronto es uno de los delincuentes más buscados del país. O líder de una banda delincuencial. Es decir, el cielo es el límite en cuanto a fabricar delitos.
El caso de Sergio demuestra una vez más que la policía, como el ejército y la Marina, usan al pueblo para convertirlos en falsos positivos, sin embargo esto podría detenerse al momento de ser presentado, también podría poner un alto un médico legista. Sin embargo parece que todos son parte de la fábrica de culpables, cada autoridad cumple una función a fin que quien fue detenido sea culpable durante largos años”, señala a Revolución TRESPUNTOCERO Fernando Vázquez, activista.
Además, indica que la impunidad es un problema para los mexicanos, pero una estrategia para el Estado. “Podemos observar las raíces del PRI en cada detención arbitraria, tortura, malos tratos, ejecuciones y lo son porque esto hacía y permitía el partido en el poder en los sesentas pero también en los ochenta y de esa escuela también fue el PAN, que implementó con gran fuerza y arraigo la violencia desmedida porque finalmente ¿quién los iba a juzgar y castigar?”, se cuestiona el activista.
En pocas palabras, señala el activista, el policía no detiene en flagrancia, detiene en la inocencia. Si es de escasos recursos es presa fácil para convertido en chivo expiatorio. “Estamos hablando de policías que saben que hacerlo está bien y que este tipo de prácticas lo harán sobresalir. Porque al final de cuentas la cadena de mando está totalmente protegida, solamente si algo cambiara, entonces se diluye y solamente deben inculpar a los de abajo, a los que les quedaron las manos sucias, el gobierno sacrifica no importa a quién, ni cuando y mucho menos importa si se trata de un simple soldado o policía”.
“El fabricar la flagrancia sirve para que no tengan que investigar las autoridades”, dijo un funcionario de un órgano jurisdiccional del sur del país. Es así como se utiliza arbitrariamente la figura de la flagrancia sobre un supuesto delito, en muchas ocasiones inexistente, para investigar otro delito.
En este tipo de detenciones se alega lo que varios operadores de justicia denominaron “delitos puente” o “chaleco” como cohecho o lesiones; y se siembran objetos para generar una falsa flagrancia de un delito no grave que permita detener a una persona para investigarla por otro delito que generalmente sí es grave.
En algunas ocasiones esta operación se hace alegando faltas administrativas. Esta práctica ha resultado e caz para la policía porque priva de la libertad a la persona por el tiempo suficiente —en ocasiones unas cuantas horas— para que la policía encuentre o fabrique evidencia de otro delito.
