(13 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- El lunes y martes, fuerzas estatales y federales irrumpieron en territorios donde los pobladores se oponen a los megaoproyectos y donde existen litigios para impedir que los proyectos avancen. Pobladores de San Francisco Xochicuautla y San Salvador Atenco, ambos en el Estado de México, denunciaron que estos sucesos no son aislados, sino que son parte de una estrategia que acompañará a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza pública en la entidad mexiquense, también conocida como “Ley Eruviel”.
El pasado 11 de abril, cerca de las 10: 00 horas, elementos de la Policía Estatal del Edomex custodiaron el derrido de casas en la comunidad otomí de Xochicuautla, la cual se opone a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto carretero de Grupo Higa.
“Lo que ocurrió en San Francisco Xochicuautla fue una violación a la suspensión definitiva, concedida por el juez quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Toluca. Están destruyendo viviendas, están agrediendo a la comunidad otomí. No sólo es una agresión, no sólo ilegal, sino inmoral por parte del gobierno de Eruviel Ávila Villegas”, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO, José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), organización que ha acompañado la lucha de los otomíes.
El pasado lunes cientos de policías mexiquenses escoltaron a trabajadores que arribaron con maquinaria pesada. Después del mediodía, derribaron la casa de Armando García Salazar, primer delegado de la comunidad otomí, y golpearon a la defensora Isabel Fernández García, de 64 años de edad. Ambos son defensores de la tierra y el bosque sagrado, y están bajo el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Además, habitantes de Xochicuautla denunciaron por medio de videos en redes sociales que hubo menores de edad lesionados. Antonio Lara informó a Revolución TRESPUNTOCERO que el derribo de las casas se realizó sin previo aviso, por parte de Grupo Higa. El abogado agregó que: “nos preocupa de sobremanera, porque pareciera que lejos de un retroceso a la imposición de la “Ley Eruviel” en el Estado de México, con estas acciones que estamos haciendo de solicitar acciona de incostitucionalidad, vemos todo lo contrario. El discurso cambió, la estrategia cambió, pero lo que están haciendo es una provocación artera a las comunidades campesinas e indígenas para justificar la necesidad de una ley privativa de derechos humanos”.
24 horas después del incidente en Xochicuautla, un grupo de trabajadores, acompañados con militares y una tanqueta, ingresaron a terrenos de San Salvador Atenco, donde se tiene contemplada la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Ignacio del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco, informó a Revolución TRESPUNTOCERO que desde el lunes los trabajadores intentaron ingresar a los terrenos para hacer trazos; sin embargo, la comunidad les pidió que se retiraran, pues existe un litigio de amparo en proceso, cuyo objetivo es que haga un estudio de impacto ambiental, económico y cultural, del proyecto.
“Desde el lunes realizamos un campamento, ante la llegada de esos trabajadores. Respetamos su labor de esas personas, pero no vamos a permitir que las empresas entren sin que antes se resuelva lo del amparo. Porque queremos conocer qué impacto tendrá el aeropuerto en nuestra comunidad”, dijo Del Valle.
El defensor de la tierra, detalló que el martes la tanqueta, junto con camionetas de trabajadores, ingresó kilómetro y medio en la zona. “Nosotros hablamos con ellos (militares armados), y con un ingeniero. Les explicamos pacíficamente la situación y luego los escoltamos para que se fueran”, comentó.
Ignacio agregó que ese hecho no es ajeno a lo ocurrido en Xochicuautla y a la “Ley Eruviel”.
“No nos sorprende, ya lo vivimos con la represión de 2006, la diferencia que ahora quieren que sea legal acabar, disparar, contra los pueblos originarios”, refirió el poblador de Atenco, quien estuvo preso y fue perseguido tras las agresiones de cientos de policías hace casi 10 años, durante la gestión del entonces Gobernador Enrique Peña Nieto.
Sin previa consulta a las organizaciones civiles u organismos de derechos humanos, el pasado 17 de marzo la Cámara de Diputados mexiquense aprobó la “Ley Eruviel”, la cual permite el uso “cuando sea estrictamente inevitable” de armas letales, y cuando el elemento considere necesario.
Días después, reunidos en el Centro Prodh, integrantes de organizaciones y pueblos que integran el frente El Fuego de la Digna Resistencia anunciaron que promoverán 100 mil juicios de amparo individuales ante el Poder Judicial de la Federación contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), adelantó que la estrategia consistirá en que 100 mil personas promoverán cada un juicio de amparo contra la legislación. Toda la operación se realizará a una misma hora en varios puntos del Estado de México.
La “Ley Eruviel” también contempla que cada resistencia puede ser contrarrestada, dependiendo su nivel, con: advertencias, sometimiento corporal, uso de equipo protector, bastón PR-24, tolete o su equivalente, dispositivos que generan descargas eléctricas, sustancias irritantes en aerosol y armas de fuego.
Esta legislación entrará en vigor luego de 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno mexiquense –acto concretado el pasado 18 de marzo–; en esos 90 días hábiles el Gobernador priista Eruvial Ávila Villegas deberá expedir el reglamento, y las instituciones de seguridad pública tendrán 180 días para la capacitación de los elementos, de acuerdo con los artículos transitorios.
