(08 de abril del 2019, Revolución TRESPUNTOCERO).- Los funcionarios públicos que utilicen recursos públicos para cometer delitos electorales, se sumarán a la lista de personas que podrán ser sujetos de sanción administrativa y penal, determinó el Pleno de la Cámara de Diputados.
Lo anterior, al aprobar por unanimidad de 423 votos a favor en lo general, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), a propuesta del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Gómez.
Gómez Álvarez dijo que “los organismos públicos intervienen, utilizan a los empleados y luego les garantizan completa impunidad, tanto a los empleados como a los jefes. Un sistema electoral que tiene este precepto, es uno de los peores sistemas electorales que puede haber en un país, en el mundo. Repartir impunidades desde la ley electorales es la peor cosa que se puede hacer”.
En tanto la diputada Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación señaló:
“Se busca incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por violación a las leyes electorales, particularmente cuando hacen uso de recursos públicos estableciendo las sanciones correspondientes.
Se dispone que sin menoscabo de las sanciones electorales que se impongan a los servidores públicos, éstos estarán sujetos a las responsabilidades administrativas y penales que de la misma conducta deriven”, remarcó.
Aunque de inicio el proyecto de la Comisión de Gobernación (Segob) marcaba que sería obligatorio presentar denuncia penal ante el Ministerio Público, contra los infractores, se aceptó una reserva firmada por diputados de la propia bancada de Morena, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), para quitar la palabra “obligatoria”.
El cambio se aprobó por unanimidad de 406 a favor. Al hacer notar que la reforma en cuestión fue “suavizada” aunque no se modificó su propósito en el fondo, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Porfirio Muñoz señaló que los congresistas se merecen el “premio mundial al barroco”.
El dictamen avalad, reforma los artículos 456 y 457 de dicha normativa establecen las sanciones a servidores públicos que cometan infracciones en materia electoral con amonestación pública y multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización.
Se agrava para quienes utilicen recursos públicos para presionar o coaccionar a los electores a fin de inducir el sentido del voto, quienes serán sujetos a una multa de entre cinco mil y 10 mil Unidades de Medida y actualización. En caso de reincidencia se constituye el doble de la multa originalmente impuesta.
Por otro parte, Martha Tagle (Movimiento Ciudadano) señaló que a partir de esta reforma se establecen sanciones a los funcionarios que van desde la amonestación pública hasta la multa, y se agrava cuando se trata del uso de recursos públicos por la presión o coacción a los electores a efecto de inducir el sentido del voto.
