En Jalisco, lo que para los discursos oficiales es un sistema de “clase mundial“, para los más de 2.7 millones de usuarios diarios es un viacrucis de unidades saturadas, tiempos de espera que devoran la vida familiar y un sistema de prepago deficiente que parece diseñado para el redondeo a favor del empresario.

​La crisis del transporte público en la entidad no es nueva, pero en los últimos años ha alcanzado un punto crítico. El modelo de “Ruta-Empresa”, vendido como la solución definitiva a la anarquía del antiguo esquema, terminó por convertirse en un híbrido donde el Gobierno estatal otorga subsidios millonarios mientras los concesionarios privados mantienen el control de la calidad, o la falta de ella, en el servicio.

​Mientras las autoridades presumen la renovación de unidades, la realidad en las periferias de Zapopan, Tlajomulco y Tonalá es distinta; en estos municipios, usuarios reportan esperas de hasta 45 minutos para abordar rutas troncales.

Además, el sistema de cobro electrónico, lejos de ser una facilidad, acumula críticas constante por no devolver el cambio de 50 centavos, acumulando una fortuna “invisible” que no se refleja en mejoras tangibles.

Cabe destacar que, de acuerdo a los usuarios, el transporte no llega donde la ciudad crece, por lo que las personas caminan kilómetros para alcanzar una parada en una entidad en donde la inseguridad permea la rutina de los habitantes. Debido a las distancias, prolifera el transporte informal.

​Contrapeso político apuesta por un modelo público y descentralizado

Ante este panorama y con el objetivo de desmantelar el modelo de concesiones privadas y priorizar el bienestar social sobre el lucro, diputados locales presentaron la iniciativa “Un transporte del pueblo para el pueblo”.

La propuesta busca una transformación de fondo en el sistema de movilidad estatal, planteando que sea el Gobierno de Jalisco quien opere directamente el servicio.

​La iniciativa es encabezada por las legisladoras Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, María Candelaria Ochoa Ávalos e Itzul Barrera Rodríguez, junto al diputado Leonardo Almaguer Castañeda. Según informaron en conferencia de prensa, el proyecto es fruto de un año de trabajo enfocado en los sectores más vulnerables de la población.

​La reforma propone un cambio gradual mediante la creación de un organismo público descentralizado. Este ente tendría facultades plenas para la planeación, ajuste de rutas según la demanda real de la población y una transparencia total en el manejo de recursos.

​La diputada Tonantzin Cárdenas fue enfática al señalar que el transporte debe dejar de ser un negocio de particulares:

​“La propuesta plantea que el servicio deje de operar bajo un esquema de concesiones privadas y sea asumido directamente por el Estado, tal como ocurre actualmente con sistemas exitosos como el Tren Ligero y el Macrobús”, explicó.

​Impacto social y laboral

​El diputado Leonardo Almaguer subrayó la magnitud del sistema, el cual atiende diariamente a 2.7 millones de personas. De este universo, el 38 por ciento son trabajadores y el 21 por ciento estudiantes, lo que convierte al transporte en la columna vertebral de la economía local.

​Entre los puntos clave de la iniciativa destacan la mejora de condiciones laborales para las y los operadores, quienes actualmente enfrentan esquemas de trabajo precarios.

Asimismo, se contempla la implementación de rutas seguras para quienes laboran después de las 22:00 horas y modificaciones a la Comisión Tarifaria para evitar aumentos que golpeen el bolsillo ciudadano.

​“La iniciativa incluye cambios en la política tarifaria para que deje de responder a la rentabilidad empresarial y se base en el interés social”, señala la propuesta presentada.

​Respecto a la sustentabilidad, la propuesta estipula la renovación de la flota con unidades de energías limpias para combatir la contaminación en el Área Metropolitana de Guadalajara.

​Un llamado a la presión ciudadana

​Por su parte, la diputada Itzul Barrera Rodríguez calificó la propuesta como técnica y financieramente viable. No obstante, advirtió sobre posibles obstáculos políticos, por lo que hizo un llamado a colectivos, sociedad civil y ciudadanos a involucrarse activamente.

​“Es necesario ejercer presión para evitar que esta iniciativa, que nace de la necesidad de la gente, sea vetada por el Ejecutivo estatal”, concluyó Barrera Rodríguez.

​Con esta propuesta, el debate sobre si el transporte debe ser un servicio público administrado por el Estado o un negocio concesionado vuelve al centro de la agenda política en Jalisco, especialmente en un contexto de creciente exigencia social por movilidad digna y rutas más eficientes en las zonas periféricas.