Luego de que Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública fuera acusado ante la fiscalía federal de Brooklyn, Estados Unidos, de liderar una “Empresa Criminal Continua” (Continuing Criminal Enterprise).
Este martes el ex funcionario de Felipe Calderón solicitó a al juez federal desechar la acusación en su contra y aseguró que hay dudas sobre la legalidad de la integración del gran jurado que lo aprobó.
“A cambio de dádivas valoradas en millones de dólares, los acusados supuestamente permitieron al Cártel de Sinaloa operar con impunidad en México”, detalló la Fiscalía
Al respecto los defensores César DeCastro y Valerie Gotlib indicaron que “por una abundancia de precaución, desde este momento solicitamos desechar la nueva acusación (indictment), con base en que los procedimientos ante el gran jurado violaron el Título 28 del Código de los Estados Unidos”.
De acuerdo con el documento oficial, donde se señalan los delitos por los que se investiga a García Luna, Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, se indica que que la operación del Cártel de Sinaloa tenía éxito, en parte, por la colusión de funcionarios públicos.
“El Cártel de Sinaloa tenía una estructura que incluía a miles de miembros, entre ellos:
- 1.- El liderazgo del Cártel de Sinaloa, quienes fueron los que tomaron las decisiones finales en la organización con respecto a sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero, así como sus actividades de corrupción y aplicación de la ley emprendidas para preservar y proteger sus actividades ilegales.
- 2.- Personal de seguridad, que protegió el liderazgo del Cártel de Sinaloa y participó en actos violentos para promover los objetivos de la organización;
- 3.- Jefes de plaza, que controlaban ciertos territorios para el Cártel de Sinaloa y que eran responsables del transporte de drogas a través de esos territorios.
- 4.- Transportistas, como tripulaciones de barcos y submarinos, pilotos y camioneros, que transportaban drogas desde Colombia a través de México y hacia los Estados Unidos
- 5.- blanqueadores de dinero, que canalizaron las ganancias de las drogas de los Estados Unidos a México.
- 6.-Funcionarios públicos corruptos, brindaron protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos”, indica el documento con los cargos del Gran Jurado contra los ex funcionarios.
Asimismo señala que dentro de los beneficios otorgados al Cártel de Sinaloa por sobornos recibidos, se identificaron cuatro conductas ilícitas en detrimento de la seguridad y salud pública.
- Aceptar no interferir con el los envíos de drogas del Cártel de Sinaloa en México, que generalmente consistían en cantidades de narcóticos de varias toneladas, y la gran mayoría de los cuales estaban destinados a los Estados Unidos.
- Proporcionar acceso a información confidencial de las fuerzas del orden sobre las operaciones de aplicación de la ley contra el Cártel de Sinaloa.
- Dirigirse a los miembros de cárteles rivales para su arresto, en lugar de los miembros del Cártel de Sinaloa, y proporcionar información confidencial sobre el cumplimiento de la ley sobre los miembros de cárteles rivales.
- Colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa.
