La Franja de Gaza es un estrecho espacio de tierra de 365 km2 —más o menos la superficie de la ciudad de León, Guanajuato— que limita al oeste con el mar Mediterráneo, al sur con Egipto y al norte y al este con Israel. Junto con Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, es uno de los dos territorios constituyentes del Territorio Palestino Ocupado (TPO) por Israel (PO, Potencia Ocupante) en 1967 —tal como lo reconoce la ONU—, que en conjunto cuentan con 5.6 millones de personas. A Palestina se le otorgó la condición de Estado observador no miembro en la ONU el 29 de noviembre de 2012. Es decir, Palestina cuenta con reconocimiento, parcial y limitado, como Estado nacional.
La población de Gaza es de 2,3 millones de personas, la mitad, menor de 18 años; el 85% son refugiadas de ciudades y pueblos de los que fueron expulsados y obligados a huir luego del establecimiento del Estado de Israel en 1948. La primera Nakba palestina que provocó el desplazamiento masivo de cerca de un millón de personas y que no se ha detenido hasta ahora.
Controlada por Hamás, Gaza es una de las comunidades más pobres del planeta y ha estado sometida al sitio y confinamiento más extenso en el tiempo, sitio que impone condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción como grupo. Las evidencias de crímenes cometidos por las FDI y colonos armados abundan en los medios, redes sociales y otras plataformas digitales de información y es notable que una gran cantidad de ellas ha sido proporcionada por los propios perpetradores, que las difunden como trofeos de guerra.
Abundan, sobre todo, resoluciones e informes oficiales de muy diversos organismos internacionales relacionados con Palestina que han documentado durante años las graves violaciones cometidas por Israel no sólo a la autodeterminación, sino a los derechos más básicos como alimentación, salud, la educación y, sobre todo, a la integridad y a la vida.
Apenas en diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU había emitido la resolución 77/247 en la que exige que Israel ponga fin a:
“…la continua y sistemática violación de los derechos humanos del pueblo palestino por parte de Israel, la Potencia Ocupante, incluida la derivada del uso excesivo de la fuerza y de las operaciones militares que causan muerte y lesiones a civiles palestinos, incluidos niños, mujeres y manifestantes pacíficos y no violentos, así como a periodistas, personal médico y personal humanitario; el encarcelamiento y la detención arbitrarios de palestinos, algunos de los cuales han estado encarcelados durante décadas; el uso del castigo colectivo; el cierre de áreas; la confiscación de tierras; el establecimiento y expansión de asentamientos; la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado a partir de la Línea de Armisticio de 1949; la destrucción de propiedades e infraestructura; el desplazamiento forzado de civiles, incluidos intentos de traslados forzosos de comunidades beduinas; y todas las demás medidas que adopte encaminadas a cambiar la condición jurídica, la naturaleza geográfica y la composición demográfica del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.”
La resolución exige a Israel el cese inmediato de todas esa acciones e incluso el pago de reparaciones de daños a la población palestina. Esta resolución fue remitida a la Corte Internacional de Justicia para que emita su opinión jurídica. La misma corte que hoy delibera sobre el caso presentado por Sudáfrica. La documentación de esta resolución engrosa las evidencias presentadas, por lo que su caso se fortalece.
Si ya en 2022 se exponía la gravedad de la situación en Palestina, en 2023 Israel aumentó la presión y la violencia. Un comunicado de prensa del 5 de abril, emitido por el Comité por los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino de la ONU, afirmaba:
“Las políticas y prácticas ilegales de Israel han seguido afianzando su ocupación ilegal del territorio palestino desde 1967, incluida Jerusalén Oriental; además la Franja de Gaza está gravemente aislada bajo un bloqueo que dura casi 16 años.
Desde principios de 2023, Israel ha aumentado sus operaciones militares dentro del territorio palestino ocupado, lo que ha provocado la muerte de al menos 95 palestinos, incluidos 17 niños. La Oficina pide responsabilidad por todas estas violaciones”.
Prácticamente, a principios de año pasado, un ciudadano palestino fue asesinado cada día, —un niño a la semana— y la violencia siguió creciendo. Para septiembre llegó a 114, el triple que en 2022. De esta manera, luego del 7 de octubre ese patrón sistemático de limpieza étnica y de un estado de terror permanente se convirtió en la peor masacre de la historia moderna por el alcance, la saña y la rapidez con que se está llevando a cabo. Hoy en Gaza muere un infante cada quince minutos y dos son mutilados.
Sudáfrica denuncia el genocidio
Ante la abrumadora brutalidad de Israel arreciada despúes de los ataques de Hamas a principios de octubre, el 29 de diciembre de 2023 el gobierno de Sudáfrica presentó una denuncia por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, el tribunal de la ONU encargado de dirimir disputas entre Estados.
La postura de Sudáfrica se sustenta en la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, e invoca “sus derechos y obligaciones” para impedir el genocidio y “proteger a los palestinos de Gaza de la destrucción”. La Convención establece que los Estados Partes pueden emprender acciones legales para impedir que se cometa un delito de genocidio y los obliga a adoptar medidas para prevenirlo y castigarlo. Estas obligaciones son vinculantes para todos los Estados aunque la Corte carece de medios para hacerlas cumplir.
Así, el gobierno de Pretoria “presenta la solicitud para establecer la responsabilidad de Israel por violaciones de la Convención sobre el Genocidio, exigirle plena responsabilidad ante el derecho internacional por esas violaciones; y —lo más inmediato— recurre a esta Corte para garantizar la protección más urgente y completa posible a los palestinos en Gaza que siguen corriendo un riesgo grave e inmediato de sufrir nuevos y continuos actos de genocidio.”
La Convención define genocidio como:
“Cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
El caso fue acompañado de una solicitud de audiencia urgente para resolver sobre la aplicación de medidas preventivas inmediatas. El 11 de enero comenzó la audiencia pública para examinar su procedencia. En la primera sesión, el equipo legal de Sudáfrica presentó su caso, sus argumentos y evidencias, así como jurisprudencia en la materia de la propia CIJ sobre casos de genocidio y una abundante documentación de referencia. Por su parte, el día siguiente, Israel presentó su defensa.
Independientemente de la sentencia final de la Corte sobre los méritos del asunto de fondo —que podría llevar años—, ésta podrá imponer las medidas preventivas solicitadas para evitar el agravamiento de la situación. Como lo expresó en la audiencia Adila Hassim, abogada del equipo sudáfricano, los casos sobre genocidio y delitos de lesa humanidad se presentan a posteriori. En este caso se presenta cuando los hechos están en curso a un ritmo devastador nunca antes visto. Es necesario y urgente “proteger a la población de daños severos e irreparables a los derechos de los palestinos bajo la Convención contra el Genocidio y prevenir su agravamiento”.
Grosso modo, Pretoria condena inequívocamente los ataques de Hamás del 7 de octubre pero considera que no justifican, de ninguna manera, la desproporcionada respuesta israelí sobre la población civil que configuran el delito de genocidio en curso. Por ello, pide a la CIJ que ordene a Israel tres cosas, básicamente:
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- Dejar de matar y causar graves daños psíquicos y físicos a la población palestina de Gaza,
- Dejar de imponerles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo, y
- Permitir el acceso a la ayuda humanitaria.
La demanda sudafricana documenta rigurosamente todas sus acusaciones en un extenso escrito y una cuantiosa evidencia audiovisual y documental para probar que esas conductas de Israel están plenamente acreditadas. Pero va más allá y añade otros actos, distintos de genocidio pero considerados crímenes de guerra o de lesa humanidad, como “los ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil, bienes civiles y edificios dedicados a la religión, la educación, el arte, la ciencia, o contra monumentos históricos, hospitales y lugares donde se recoge a los enfermos y heridos; la tortura y el hambre de los civiles como método de guerra”.
La acusación no deja de señalar que los actos de guerra contra civiles deben ser considerados en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia palestinos como parte un continuo y sistemático proceder “durante sus 75 años de apartheid, sus 56 años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo de Gaza de 16 años”. Continúa el alegato sudafricano:
“en un contexto de apartheid, expulsión, limpieza étnica, anexión, ocupación, discriminación y la continua denegación del derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, Israel no sólo no ha logrado impedir el genocidio ni perseguir la incitación directa y pública al genocidio, sino que ha participado, participa y se corre el riesgo de que siga cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza”.
Enseguida, se refiere a las expresiones y posicionamientos de expertos de la propia ONU que han alertado a la comunidad internacional sobre el genocidio en curso en Palestina. Es abrumadora la relatoría de informes, reportes, denuncias y otros instrumentos presentados ante foros como el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, la Corte Internacional de Justicia misma, la Cruz Roja o diversas comisiones ad hoc, como DDHH, Refugiados, Salud o Infancias.
La Convención sobre el Genocidio le otorga una importancia mayor a la intencionalidad de los actos como premisa para dar curso a un caso como tal. Por ello, el equipo sudafricano aportó una nutrida variedad de declaraciones de la cúspide del poder israelí, con explícitas intensiones genocidas:
“Las repetidas declaraciones de representantes del Estado de Israel, incluso a los más altos niveles, por parte del Presidente, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa de Israel expresan intenciones genocidas.
Esa intención también puede inferirse apropiadamente de la naturaleza y conducta de la operación militar de Israel en Gaza, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el hecho de que Israel no proporcionó o garantizó alimentos, agua, medicinas, combustible, refugio y otra asistencia humanitaria esenciales para las personas sitiadas y bloqueadas del pueblo palestino, que lo ha llevado al borde de la hambruna.
“También se desprende claramente de la naturaleza y alcance de los ataques militares de Israel contra Gaza, […] obligando a la evacuación de 1,9 millones de personas o 85% de la población de Gaza de sus hogares […].
“Israel ha matado ya a más de 21,110 palestinos identificados, entre ellos más de 7,729 niños (más de 7,780 más están desaparecidos, presuntamente muertos bajo los escombros) y ha herido a más de 55,243 palestinos más, causándoles graves daños físicos y mentales.
“Israel también ha arrasado vastas zonas de Gaza, incluidos barrios enteros, y ha dañado o destruido más de 355,000 hogares palestinos, además de extensas extensiones de tierras agrícolas, panaderías, escuelas, universidades, empresas, lugares de culto, cementerios, centros culturales y sitios arqueológicos, edificios municipales y judiciales e infraestructuras críticas, incluidas instalaciones de agua y saneamiento y redes eléctricas, mientras prosigue un ataque implacable contra el sistema médico y sanitario palestino.”
Las consecuencias son devastadoras y pueden empeorar:
“Las enfermedades contagiosas y epidémicas abundan entre la población palestina desplazada, y los expertos advierten sobre el riesgo de meningitis, cólera y otros brotes. Toda la población de Gaza está en riesgo inminente de sufrir hambruna…las muertes lentas y silenciosas causadas por el hambre y la sed corren el riesgo de superar las muertes violentas ya causadas por las bombas y misiles israelíes.”
La víctima universal
Como podemos apreciar, los miembros de la Corte de la Haya fueron testigos de un maratón del horror con abundante evidencia audiovisual de lo que Israel esta haciendo en Palestina y sus gravísimas consecuencias inmediatas y a largo plazo en la vida de 2.3 millones de personas en Gaza.
Sin embargo, en su defensa del 12 de enero, Israel negó toda responsabilidad y alegó su “derecho a la “defensa”; hasta calificó de antisemita la propia acusación y sostuvo que es Hamás quien está cometiendo genocidio. Uno a uno, sus representantes negaron los hechos presentados el día anterior y le atribuyeron a Hamás diversas atrocidades, incluso algunas que habían sido ya desmentidas por el propio gobierno israelí. Básicamente se mantuvieron en la posición de “víctima en legítima defensa”.
Epítome del cinismo, su defensa mintió sin más. Uno de sus abogados negó los ataques a hospitales e instalaciones médicas y de socorro, mientras otro afirmó que sí los atacan porque “todos los hospitales son bases de Hamás, que los usa como escudo”. Aparte de la obvia contradicción, el día anterior la misma Corte había visto el video del bombardeo y la toma violenta del hospital Al Shifa y su destrucción parcial. Video dado a conocer por Israel para “demostrar” que Hamas usaba el hospital como bunker. Por supuesto, el video no muestra ningún búnker y los abogados nos mostraron ninguna otra prueba a la Corte. Lo que es inocultable es que en Gaza norte no queda un sólo hospital en pie y sólo operan seis ambulancias; de los 39 hospitales de toda Gaza sólo funcionan parcialmente 16.
La postura de Israel a la denuncia sudafricana era de esperarse, habida cuenta las primeras reacciones de las más altas autoridades. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, declaró a la prensa que “la acusación infundada de que Israel no tiene derecho a defenderse es una vergüenza”. Y añadió: “la batalla legal podría prolongarse durante años, pero la prioridad inmediata de Israel es frustrar una orden provisional que podría forzar un alto el fuego en Gaza”. La defensa legal en La Haya siguió exactamente esta directriz: impedir el cese al fuego porque se le “denegaría a Israel su derecho a la legítima defensa”.
Es obvio que Israel sólo puede continuar su escalada militar con el apoyo del “Occidente colectivo”, apoyo que puede verse seriamente amenazado de continuar fortaleciéndose la oposición política. Netanyahu afirmó que nadie puede detenerlo. En realidad, Estados Unidos sí puede detenerlo, pero sólo la presión política interna podrá obligar a Biden a detener la masacre. Sin embargo, éste último no muestra ningún indicio de modificar el curso de los hechos y parece estar comprometido a incendiar Oriente Medio y con él al mundo.
Epílogo
Si la Corte de La Haya reconoce que las acciones israelíes como genocidas, será el mayor triunfo político para la posición palestina y un impulso hacia la constitución y reconocimiento como Estado Nacional. Por ahora, sólo es de esperar una resolución por el alto al fuego, que sería un enorme logro político y humanitario.
Por el lado palestino, el daño causado a la población no es reparable y es un componente que va a tener muy diversas repercusiones en suu devenir, aún con un alto al fuego y un esfuerzo titánico, mundial e inmediato, de reconstrucción, remediación y sanación profunda de las heridas causadas. Gaza ha perdido al 1.5% de su población; otro tanto está mutilado de uno o más miembros y casi el 3% está herido, la mayoría con secuelas de por vida, especialmente los quemados con fósforo blanco. Casi la mitad de todos ellos son niñas y niños; un tercio, mujeres. 1.9 millones de personas son refugiados en su tierra, sin escapatoria.
Aún cuando lo más probable es que Israel no detenga la guerra y ésta escale en toda la región, la denuncia de Sudáfrica es un hecho histórico y de un valor incalculable para el futuro palestino y de lo que conocemos como Occidente. Sudáfrica ha dado una inmensa lección al mundo de templanza, justicia y humanismo.
