Gobernadores electos en los pasados comicios tienen abiertas averiguaciones previas en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR). Enfrentan cargos no sólo por delitos electorales, pues en algunos casos se relacionan con la mala administración de los recursos del Estado o “lavado de dinero”.
Es el caso de los gobernadores electos panistas Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, quienes fueron denunciados en la PGR por presunto lavado de dinero. Lo anterior, después de que se dio a conocer una grabación en la que ambos hablan de la recepción de recursos económicos para sus respectivas campañas por parte de un sujeto al que identificaron como “el Cros”.
Dicha grabación alude a la recepción de “seis kilos” mensuales durante cinco meses de la campaña, frase que la dirigencia del PRI interpretó como que se trata de seis millones de pesos o de dólares de dudosa procedencia.
A Domínguez Servién también lo investiga la Comisión Nacional de Derechos Humanos por acoso sexual y amenazas contra la joven edecán Norma Jackeline González Encinas, con quien sostuvo una relación..
Por lo que toca a Mendoza Davis, ha sido señalado en varios medios de comunicación por la detención de uno de sus parientes políticos a quien se le vinculó con el Cártel Arellano Félix. Se trata de Avelino Montoya Saracho, capturado el 11 de septiembre de 2014 con un cargamento de 6.6 toneladas de marihuana que presuntamente introdujo desde México a San Diego, California, Estados Unidos.
El ahora gobernador electo reconoció que su esposa Gabriela Velázquez Dipp es cuñada de Avelino Montoya Saracho, pues este sujeto está casado con su hermana Valeria. No obstante, negó tener cualquier tipo de relación comercial o criminal con Avelino Montoya Saracho, quien enfrenta cargos en una Corte de San Diego, en Estados Unidos, con base en el expediente penal 14-MJ-3175-NLS y migratorio 14-CR-2915-BEN.
