En su primer acto oficial como consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján anunció este lunes que el Ejecutivo federal evalúa la posibilidad de aplazar la elección de jueces y magistrados.
Durante su participación en la conferencia matutina, la funcionaria reveló que una de las instrucciones prioritarias recibidas por la Presidenta es determinar si el proceso electoral del Poder Judicial debe mantenerse en 2027 o recorrerse al año 2028.
Esta propuesta de análisis surge tras una reunión de transición entre Alcalde Luján y la consejera saliente, Estela Damián, en la que se revisaron los temas urgentes de la administración. La titular de la Consejería Jurídica explicó que la revisión técnica busca emitir una opinión informada hacia la Presidencia sobre la viabilidad de una reforma que modifique los plazos actuales, con el fin de garantizar que el proceso se realice bajo las mejores condiciones posibles.
La inquietud por postergar los comicios no es exclusiva del Ejecutivo. Legisladores de Morena y de los diversos bloques de oposición han coincidido en la necesidad de reformar la Constitución para dar un respiro al sistema electoral.
Potencial saturación electoral y tiempo justo para una reforma
El argumento principal sostiene que realizar la elección judicial en 2027 representaría una “tarea faraónica” para el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la complejidad logística que implica organizar la selección de juzgadores a la par de las elecciones federales y locales.
De mantenerse el calendario vigente, en 2027 los ciudadanos no solo votarían por jueces y magistrados, sino que también acudirían a las urnas para renovar la Cámara de Diputados y, en diversas entidades, elegir gobernadores, presidentes municipales y legisladores locales.
Esta saturación de procesos en una misma jornada ha generado dudas sobre la capacidad de respuesta de los electores y la eficiencia operativa de las autoridades electorales.
No obstante, el tiempo para tomar una determinación es limitado. Para que el aplazamiento a 2028 sea legalmente ejecutable, se requiere de una reforma constitucional que debe ser aprobada tanto por el Congreso de la Unión como por la mayoría de los Congresos locales antes del próximo 31 de mayo.
De cumplirse este plazo legal, el Estado mexicano contaría con un margen adicional para estructurar una elección judicial que no se vea opacada por la magnitud de los comicios intermedios.
