La Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México desmintió las declaraciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien aseguró que el Gobierno capitalino era el encargado de autorizar y supervisar la demolición del inmueble ubicado en San Antonio Abad.
Durante una conferencia, la edil argumentó que el acuerdo de facilidades implementado tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 liberaba a la alcaldía de otorgar permisos y de vigilar este tipo de obras, atribuyendo dichas funciones al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
Sin embargo, más tarde, el titular de la dependencia capitalina, Inti Muñoz, rechazó esta interpretación y precisó que dicho acuerdo únicamente busca agilizar trámites en casos de riesgo estructural, pero no sustituye las obligaciones legales de las alcaldías.
El funcionario explicó que la normativa vigente, incluida la Constitución local, establece que las demarcaciones territoriales son las responsables de registrar manifestaciones de obra, así como de autorizar y supervisar procesos de construcción y demolición.
En ese sentido, subrayó que el acuerdo de facilidades no está por encima del marco legal y, por lo tanto, no elimina las facultades ni responsabilidades de las autoridades locales.
Respecto al documento presentado por la alcaldesa, en el que se mencionan 10 puntos de riesgo detectados en la obra, Muñoz aseguró que el Gobierno de la Ciudad no fue notificado oficialmente de dicha revisión.
Asimismo, indicó que existen antecedentes de inspecciones realizadas por la propia alcaldía en obras bajo este esquema, lo que contradice la versión de que no tenía injerencia en el caso.
La controversia surge en medio de cuestionamientos sobre la demolición del inmueble, donde ahora se debate la responsabilidad institucional en la autorización, supervisión y seguimiento de los trabajos realizados.
