(07 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Las autoridades mexicanas, fueron informadas por el Gobierno de Estados Unidos de las investigaciones que desde el 2011 implican al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de Michoacán, Ascención Orihuela Bárcenas como coparticipe de lavado de dinero de los cárteles de droga.
Aún así, y con diversas pruebas a cuestas que acreditan sus añejos vínculos con el narcotráfico, el senador con licencia aparece hoy en las boletas electorales y ante la omisión del Gobierno Mexicano, podría ser electo gobernador de Michoacán.
Según diversos cables emitidos por el Consulado General de los Estados Unidos con sede en Guadalajara (de los que se tiene copia), la Administración para el Control de Drogas (DEA) por sus siglas en inglés, y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, le siguen de cerca la pista al candidato y a su familia desde el 2011.
En el primero de los informes que se conocen, fechado el 21 de enero del 2011, el canciller Danny Keller, da cuenta a su gobierno sobre los compromisos entre “Chon” Orihuela y los cárteles que operan en Michoacán, como el Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa.
Y peor aún, cuatro años antes de que contendiera como abanderado del PRI al Gobierno de Michoacán, la DEA informó sobre la sospecha de que uno o más de estos cárteles, participaran en el financiamiento de su candidatura, si este era aprobado por su partido político para suceder al entonces gobernador electo, Fausto Vallejo Figueroa.
“Millones templarios”
Dos años y medio más tarde, el grupo de Investigación de Corrupción en el Extranjero o (ICE) por sus siglas en ingles, estaba instruido para ubicar la fuente del flujo de dinero detectado en la cuenta de Ignacio Orihuela Bárcenas, hermano del político en bancos en la ciudad de Chicago Illinois.
Y es que, para agosto del 2013, la cuenta bancaria 0560-0931 9473, a nombre de Ignacio Orihuela en el J.P Morgan Chase de Chicago, había recibido depósitos por un total de 725 mil 392 dólares, lo equivalente a más de 11 millones 600 mil pesos, dinero que se sospechaba provenía de pagos de los cárteles de la droga o prácticas corruptas.
De acuerdo con el cable emitido por Susana Abeyta, canciller de los Estados Unidos en Guadalajara el 04 de octubre del 2013, con el titulo “Cuentas son rastreadas por lavado de dinero de funcionario Michoacano”, la Oficina Federal de Investigación o Federal Bureau of Investigation (FBI) y la DEA concluyeron que el flujo de efectivo provenía del cártel Los Caballeros Templarios.
Por esa razón, describe el documento, ese cártel había alcanzado una mayor influencia en la administración del priista Fausto Vallejo Figueroa, según determinó el Departamento de Seguridad Nacional sobre el la investigación aún vigente de lavado de dinero del hoy senador con licencia Ascención Orihuela Bárcenas.
Con depósitos mensuales de hasta 400 mil dólares, para marzo del 2015, la cuenta bancaría del hermano de “Chon” Orihuela, había alcanzado ya los 3 millones 807 mil dólares, es decir, más de 60 millones 900 mil pesos, derivados de múltiples transacciones financieras de las que también se cuenta con copia y registro.
Tras ser confirmada su candidatura por el Revolucionario Institucional, al Gobierno de Michoacán, tal y como la DEA lo había previsto desde el 2011, la cónsul volvió a poner sobre aviso al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues continuaban los registros de lavado de dinero en las cuentas a nombre del familiar del dos veces senador de la República.
El gobierno mexicano sabía
El informe titulado “Candidato a gobernador de Michoacán con vínculos con cartel de la drogas”, de marzo de este año, afirma que la principal preocupación del gobierno norteamericano, es que la situación local está llegando a un punto sin retorno dada la influencia de algunos carteles de la droga, específicamente Los Caballeros Templarios y el cártel de Sinaloa sobre el gobierno del estado.
Es más, el documento asegura que se emitió una alerta al gobierno mexicano, así como las recomendaciones consecuentes, por el riesgo de posibles conflictos que impliquen a otros cárteles de la droga como el Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, Los Zetas y el de Los Beltrán Leyva que llevarían al estado a una muy difícil situación para el control de las autoridades.
Sin embargo, pese a los avisos y las investigaciones del gobierno norteamericano, respecto a los nexos con el crimen organizado y el presunto lavado de dinero del narco, el priista no tuvo ningún impedimento para acceder a la candidatura que lo podría llevar a ser el próximo gobernador de Michoacán.
La historia se repite
Ni eso, ni las múltiples denuncias, algunas sobre las más de 90 propiedades a su nombre y de sus familiares con un valor cercano a los 301 millones de pesos, o las que interpuso el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Sistema de Administración Tributaria por presunta discrepancia fiscal de 257 millones de pesos, tuvieron eco en las autoridades mexicanas.
Ya lo dijo, Yuriria Sierra en la columna publicada por el diario Excélsior hace un par de días que hacen referencia a estos mismos documentos, “Que la DEA investigue a su familia y a él no habla, precisamente, de que sea una figura capaz de gobernar Michoacán”.
Algo similar se advertía para Michoacán, en las elecciones de noviembre del 2011, un candidato que por cierto, también fue postulado por el Partido Revolucionario Institucional, contendía sin obstáculos por la gubernatura, con todo el apoyo de Los Caballeros Templarios.
Hoy la historia se repite, y tal como pasó hace más de tres años, las autoridades mexicanas ignoraron las advertencias y las denuncias. Aunque está vez, la diferencia es que los michoacanos tienen el antecedente y conocen las consecuencias de un estado penetrado en todos los niveles de gobierno y las policías por los cárteles de la droga.
La pregunta es: ¿la historia se volverá a repetir?
