(21 de agosto, 2014).- El gobierno del estado de Puebla dejó bajo reserva información crucial sobre el desalojo de la manifestación del 9 de julio pasado, en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, que dejó nueve personas heridas de gravedad y en estado de coma al menor, José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió 10 días después.
El portal Un1ón Puebla, informó el pasado miércoles 20 de agosto que interpuso cuatro solicitudes de acceso a la información, ante la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, y la respuesta obtenida sobre el número de elementos policíacos que participaron en el desalojo, así como el nombre del responsable del operativo, fue que se mantendrá bajo reserva por siete años, de lo contrario desataría “un daño a la función de la seguridad pública”.
La dependencia negó proporcionar información sobre la cantidad de uniformados y el tipo de armas que portaban, o el tipo de proyectiles que utilizaron para desalojar a la gente que participaba en el bloqueo carretero.
Facundo Rosas, a cargo de la SSP, se desempeñó como funcionario de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y fue uno de los operadores del fallido desalojo de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en diciembre de 2012, del que resultaron muertos dos estudiantes por impacto de bala.
En la solicitud de acceso a la información sólo se contestó sobre las reglas “que tiene la policía estatal para disparar gas lacrimógeno y granadas”, del que sólo se entregó un documento con 10 puntos que deben seguir los policías en el caso de las manifestaciones.
El gobierno de Moreno Valle ha informado que el proyectil que mató al infante de 13 años de edad, fue un cohetón arrojado por los pobladores de la zona.
El viernes pasado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que la muerte de José Luis no quedará impune, pese a que hasta el momento no hay ningún detenido por este hecho.
Asimismo informó que se cuenta con un expediente de 12 mil páginas con toda la información recabada, entre la que se encuentran testimonios de autoridades y pobladores, pero será hasta los primeros días de septiembre cuando se dé a conocer el informe preliminar.
Precisamente este miércoles 20 de agosto, Darío Ramírez, director en México de Artículo 19, afirmó que: “La CNDH está secuestrada por un grupo de personas incompatibles con la defensa de los derechos humanos. Es, claramente, el ‘Ombudsman Bala’. Refleja la práctica a través de una acción. Fue él quien avaló la ley del ‘Gobernador Bala’, Moreno Valle”.
Toda vez que el ombudsman nacional “inauguró un busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su propio nombre”, reportó del diario Reforma.
El pasado 9 de julio, la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan fue agredida con gas lacrimógeno, golpes, toletes y balas de goma; una de éstas, aseguran los vecinos de la localidad, fue la que impactó la cabeza del niño. Más de cinco costales con balas de goma fueron recolectados por las y los ciudadanos del estado de Puebla.
La diputada federal por el estado de Puebla, Roxana Luna Puerquillo, informó el 16 de julio, que entre los heridos por impacto de bala se encontraba también “un joven de 21 años de edad, que se llama Vicente Tecalero, estudiante de bachillerato”, hospitalizado en el Hospital Sur de San Pedro Cholula.
Otro caso es el de Martín Romero Montes, quien resultó con varias muelas arrancadas, pedazos de lengua cortados y fractura de mandíbula, también por impacto de bala; además, se le negó el derecho a un servicio público ya que la instrucción fue que no lo atendieran.
“A Hugo Jiménez, el impacto fue en el ojo y está a punto de perder el ojo y tuvo que ser atendido en un hospital privado. Las heridas causadas por el impacto de bala en el ojo derecho y en el abdomen de Filemón Precio Grande, que es un habitante de Santa Isabel Cholula”, explicó la diputada.
Las imágenes y los videos difundidos muestran las heridas de las personas lesionadas.
José Salomé Pacio Grande, presidente auxiliar de San Martín Tlamapa, en Santa Isabel Cholula, informó que la manifestación obedecía al hecho de que a las juntas auxiliares de la entidad se les quitaron todas su facultades, a raíz de la derogación de la Ley Orgánica Municipal.
Ante la inconformidad solicitaron diálogo con el gobierno del estado, ante la nula respuesta, decidieron realizar acciones pacíficas “y que quede bien claro, pacíficas porque dice el gobierno que nosotros fuimos los que agredimos y eso no es verdad”, reiteró.
“Ese día hubo siete lugares en donde se manifestaron los diferentes pueblos: Tehuacán, la Mixteca, Atzitzihuacán, Tochimilco, San Pedro Cholula, San Miguel Canoa y nosotros, en el municipio de Santa Isabel Cholula. Fuimos los puntos que estuvimos en manifestación pacífica y del cual los compañeros de San Bernardino Chalchihuapan fueron brutalmente agredidos”, argumentó José Salomé Pacio Grande.
Javier Montes, presidente de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, expresó que el 9 de julio, “salimos a manifestarnos, salió toda la comunidad, nada más con pancartas, nada más con mantas en las cuales pusimos nuestras peticiones, pero el gobernador del estado no acepta que alguien alce la voz, no acepta que alguien esté en contra”.
