Aun cuando el gobierno de Puebla manejará el próximo año 7 mil 514.8 millones de pesos más que en 2017, el Poder Ejecutivo local solo asignó 9.7 millones de pesos adicionales al combate a los feminicidios en la iniciativa Ley de Egresos 2018.
Cabe señalar que, el aumento engloba un incrementó a los recursos del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) de 6.5 millones, así como la asignación de recursos a la Fiscalía de Atención a Delitos de Género por 3.2 millones.
El incremento de recursos responde a las recomendaciones que giró la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) al gobierno de Puebla, con la amenaza que “declararía una alerta por violencia de género en caso de incumplir las observaciones”.
De acuerdo con la contabilidad de medios de comunicación van 91 mujeres asesinadas por razones de género, mientras en 2016 se registraron 82 casos, en 2015 se computaron 50, en 2014 se reportaron 60, a los que se suman 50 más de 2013, dando un total de 333 feminicidios en los últimos cinco años.
El Congreso de Puebla emitió un exhorto a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) el 31 de octubre pasado, en el que le requirió asignar mayores recursos al IPM y a la Fiscalía de Atención a Delitos de Género para atender los requerimientos de la Conavim.
El 7 de noviembre pasado, la secretaria de Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Claudia Rivera Vivanco, denunció que “la petición del Congreso buscó esconder la “simulación” con la que operó la Fiscalía de Atención a Delitos de Género desde su creación en abril de 2016”.
Aseguró que “la nueva instancia nunca entró en funcionamiento, porque durante un año y medio careció de presupuesto para su operación”. En la iniciativa de Ley de Egresos 2018, el gobierno de Puebla no especifica el monto de recursos que asignará a la instancia de reciente creación, pero informa “una partida de 3.2 millones de pesos para ‘la atención de la igualdad de género’”, la cual está programada a la Fiscalía General del Estado (FGE), órgano al que está adscrita.
En el presupuesto se detalla que “el objetivo de esos recursos es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, diseñar políticas públicas para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como perseguir los delitos del orden común y promover la impartición de justicia”.
