Por Carlos Vargas Sepúlveda
(16 de noviembre, 2014).- El primero de septiembre de 1969, Gustavo Díaz Ordaz asumió la responsabilidad ‘‘por las decisiones del gobierno’’ tomadas un año antes, en la masacre del dos de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Según el entonces presidente de México, dichas acciones salvaron al país. Siete sexenios después, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto avaló el uso ‘‘legítimo de la violencia’’ por parte del Estado en contra de pobladores de San Salvador Atenco. Abusos sexuales, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales fueron los saldos del enfrentamiento entre policías y atenquenses. Una vez más los asesinos de cuello blanco justificaron faltas a los derechos humanos.
Un velo se colocó entre los culpables y la opinión pública. Nadie pagó, no hubo castigo para los perpetradores de los que fueron, según jueces internacionales del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), crímenes de lesa humanidad.
La condena
Durante cuatro años, a través de 52 audiencias temáticas, sobrevivientes de masacres multitudinarias, presos políticos, desplazados forzados y demás víctimas del terrorismo de Estado, compartieron sus casos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Hoy, bajo el clima de violencia extrema que carcome al país, los representantes del Tribunal cerraron el ciclo de denuncias locales y se comprometieron a llevar la recopilación de información y el dictamen ante organismos internacionales como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por mencionar algunas.
La condena fue unánime: los gobiernos mexicanos (desde el encabezado por Díaz Ordaz hasta el de Peña Nieto), han participado de forma directa e indirecta, por acción u omisión, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, los cuales se concretan en los siguientes: asesinato, exterminio, desplazamiento y desaparición forzada de población, encarcelamiento, violación de derechos humanos, torturas y tratos degradantes, abusos sexuales, persecución fundada con motivos políticos y étnicos, despojo de tierra, entre otros.
Los jueces internacionales, dirigidos por Philippe Texier, presidente del Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 1987 a 2008, condenaron al Estado mexicano por establecer y mantener un marco legal que permite la violación de derechos humanos.
México, candil de la calle
El Tribunal Permanente de los Pueblos no tiene carácter jurídico, es decir, no puede imponer decisiones, sin embargo, funciona para visibilizar situaciones ocultas y silenciadas en el plano internacional.
Hay atropellos en todas partes. Los casos en América Latina son parecidos, sin embargo, México tiene una característica especial: desde el exterior no se perciben las violaciones a derechos humanos, al contrario, se ve al país en crecimiento, pujante y como potencia económica. Es decir, ”México es candil de la calle, pero oscuridad en casa”, según Juan Hernández Zubizarreta, presidente del TPP.
Para lograr tener luz interna, es necesaria la participación de la sociedad civil en general y de organismos internacionales como el TPP, el cual tiene más de 30 años respaldando casos de violación a derechos humanos, informó Simona Fraudatario, representante de la Secretaría General del Tribunal Permanente de los Pueblos, en plática durante la audiencia ”Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado”, realizada en Santa Fe de la Laguna, Quiroga, Michoacán. Si se busca ser escuchado en el interior y exterior, debe generarse una llamarada con las pequeñas velas que quedan de esperanza en medio de ”la rebelión del dolor”.
