(4 de febrero, 2015).- Hace cuatro años la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo pidió y hoy en día era la exigencia de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y finalmente ocurrió: El gobierno mexicano se comprometió a crear la Ley General sobre Desaparición Forzada.
Esto tras los dos días de sesiones que se mantuvieron en Ginebra con el Comité de Desapariciones Forzadas.
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La creación de esa legislación permitirá tener un registro de desaparecidos, mismo que hoy en día es inexistente, además de poner en marcha medidas para combatir el delito y establecer penas homogéneas para aquellos que resulten responsables.
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó: “Uno de nuestros retos es aprobar la Ley General de Desaparición Forzada en los próximos meses”. Y agregó que se pretende lograr la reforma constitucional, antes de que termine la Legislatura en junio, para que pueda ser aprobada posteriormente como ley.
Debido a que no existe una base de datos es imposible conocer el número de desapariciones forzadas, existe un Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas pero dicho registro mezcla personas no localizadas. Sólo se conoce la cifra de personas desaparecidas pero no se sabe en qué casos hay autoridades implicadas. “Ese es uno de los retos que tiene el Ejecutivo mexicano de cara a los próximos meses”, señaló Gómez Robledo.
De cualquier forma existe escepticismo entre los representantes de las ONG´s quienes se mostraron pesimistas y no confían en que se vaya a aprobar la ley en los plazos establecidos. Dicho escepticismo tiene el sustento en las recomendaciones que ha ignorado el gobierno por parte de la ONU.
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“Si no hay cifras no hay un diagnóstico real del problema de las desapariciones forzadas”, añade Juan Carlos Gutiérrez director de ONG Ideas.
Por su parte Michael Chamberlain señala que “el no dar cifras ni crear un registro es una forma de no reconocer el fenómeno, y si no lo reconocemos no lo investigamos, lo que permite que la desaparición forzada sea sistemática y que haya impunidad”.
“Para aplicar una ley primero tiene que haber primero una reforma y tras esa aprobación se debe discutir la ley que es lo más importante y complicado”.
La ley debe aprobar tener un penal unificado, que sea obligado para todas las entidades federativas, un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas, tema de declaración de ausencia para reconocimiento de los derechos de los familiares y una identificación clara del funcionamiento de las bases de datos en casos de desaparición.
Parece que el gobierno mexicano esperó a encontrarse entre la espada y la pared para dar seguimiento a la Ley General sobre Desaparición Forzada. Los reflectores internaciones continúan sobre el país y es ya una responsabilidad, no sólo estatal, ya mundial cumplir con los requerimientos que exige la inseguridad que está presente en el país.
