(17 de enero, 2015).- El tráfico de armas en México es un tema que ha venido creciendo en los últimos años. De acuerdo a estadísticas dadas a conocer en fechas recientes, a nuestro país han ingresado alrededor de 13 millones de armas de fuego de manera ilegal, cifra que equivale a poco más del 11 % de la población.
Esta situación representa para México un fenómeno que permite a las bandas criminales seguir operando con arsenales de alta potencia, que les otorga la oportunidad de combatir a las fuerzas del Estado e incrementar los índices de inseguridad en la nación, al otorgar a delincuentes comunes la posibilidad de tener un arma de fuego.
“El Gobierno Federal ha fallado contra el tráfico de armas”
Angélica de la Peña es senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actualmente preside la Comisión de Derechos Humanos en la cámara alta. Recientemente, emitió un comunicado en el que advierte sobre que las autoridades gubernamentales han fallado en el combate contra el tráfico de armas, pues asegura: en el país no existe una estrategia clara y contundente para atender esta problemática que agrava el contexto de crisis en la nación.
En entrevista con Revolución 3.0, la legisladora expresó que el Gobierno Federal aún no ha dado la relevancia que merece el caso, por lo cual, no se han desarrollado planes concretos para evitar el trasiego de armas en las fronteras mexicanas. “Hoy en día es posible apreciar que los grupos del crimen organizado poseen una diversidad de armas, con potenciales variados, que representan un gran peligro,y las autoridades no han hecho nada para evitar que las mafias internacionales sigan introduciendo armamento a México”, comentó la senadora.
De la Peña, considera que no existe una política clara, con visiones más profundas para atender la situación; por lo tanto, considera necesario tomar medidas estructurales que reconozcan la relevancia de la problemática, para así diseñar estrategias que combatan de manera eficaz al tráfico de armas.
En razón de esto, la actitud de la administración federal ante esta circunstancia ha sido pasiva, pues no no basta con prohibir para terminar con el tema, debe estar complementado con iniciativas y acciones reales, señaló la perredista. En tal sentido, expresó que la prohibición y control de armas en territorio nacional, necesita tener como aliada una política pública estructural, en donde se atienda la prevención del delito y se garantice de manera óptima la implementación de barreras para impedir la entrada de armas.
Para lograr lo anterior, dijo, sería una opción viable integrar la participación de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en la vigilancia de las actividades aduanales del país, tanto en tierra como en mar y aire. “Es fundamental tener programas para asegurar que las autoridades aduanales no permitan la entrada de armamento, para así evitar que el crimen organizado pueda equiparse”, señaló.
En este sentido, ubicó al fenómeno de corrupción como una característica que impulsa y mantiene en crecimiento al trasiego de armas de fuego. “El país está inmerso, desde hace mucho tiempo, en el problema de corrupción, por ello si se quiere corregir, no sólo esta problemática sino otras más que aquejan a la nación. Se debe hacer frente a la corrupción pero es una cuestión que involucra a los que llevan las riendas del país: es una decisión de voluntad política”, sentenció.
Tráfico de armas, asunto internacional
El tráfico de armas, al ser considerado un asunto de delincuencia organizada internacional, merece la atención y colaboración de las naciones del mundo. De acuerdo con Angélica de la Peña, se vuelve necesario establecer cooperación global en la materia ,con el fin de estipular políticas internacionales que permitan tener un registro de las armas producidas, para saber entre otras cosas: cuántas se elaboran, qué tipo de armas son y cuál es la incidencia de fabricación. En consecuencia, puntualizó la necesidad de implementar los instrumentos óptimos para rastrear las armas y saber en qué se implementan. En esto, acotó, es fundamental la disposición de las naciones productoras de armamento.
“En México vivimos el caso del operativo Rápido y Furioso, el cual fue una experiencia desastrosa. Este intento, donde se ingresaron armas de manera alevosa para rastrearlas; posteriormente, sólo sirvió para armar a la delincuencia, en algunos casos han aparecido rastros de las armas y llama la atención que una de ellas fue para asesinar a un ciudadano americano en San Luis Potosí”, explicó la legisladora.
Sin embargo, manifestó, cada nación es responsable de atender de manera particular el tráfico de armas y en el caso mexicano no hay manera que las autoridades eximan su responsabilidad ante los hechos.
“En la prevención está la solución”
Si bien la problemática del trasiego de armas se debe atender con vigilancia y castigo, también es necesario ir a la raíz del problema, la cual se encuentra en la prevención de los actos criminales.De acuerdo con la legisladora de la Peña, se debe implementar una política integral en donde se incluyan estrategias para detener la integración de niños, niñas y jóvenes a las filas del crimen organizado, pues así se reducirá la exigencia de armas y su introducción de manera ilegal.
La senadora apuntó que cada vez más se presenta la incorporación de niños, niñas y adolescentes a grupos criminales debido a que no tienen alternativas de vida. “La única forma de garantizar la prevención es definiendo y garantizando que hay ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en donde tenga la posibilidad de planear un proyecto de vida real, que les permita ser personas de bien”.
Finalmente, agregó que así como es necesario el establecimiento de acciones que impidan la entrada de armamento de forma ilegal, también es necesario impedir la integración de jóvenes a las filas del crimen mediante oportunidades de crecimiento, para que así no se vean en la necesidad de utilizar y hacerse de un arma.
