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Gobierno quiere silenciar a víctimas de Atenco con dinero; “Peña delincuente, la cuenta está pendiente”, demandan

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(25 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- A 9 años de la represión en , pobladores de esta comunidad del Estado de México denunciaron que aún no hay justicia en el caso. Además, que las autoridades -lejos de realizar una investigación “seria” para castigar a los responsables del operativo que causó la violación a los derechos humanos de varias decenas de personas- sólo han hecho una “simulación”.

En conferencia de prensa, donde dieron a conocer la creación del Comité de Sobrevivientes de Tortura del Caso Atenco, las victimas de aquel 3 y 4 de mayo de 2006 reprocharon la actitud que han tomado los responsables de hacer justicia, puesto que en lugar de querer llegar al fondo de lo sucedido, “han querido comprar el silencio de las víctimas”.

Criticaron que las autoridades “pretenden simular justicia” y sólo buscan procesar a los elementos policiacos que fueron los perpetradores de los crímenes, dejando de lado investigar la cadena de mando que llega hasta Enrique Peña Nieto, en aquel momento gobernador del Estado de México.

En este sentido, manifestaron que por lo menos hay diez funcionarios que deben ser investigados. Sin embargo, reiteraron, sólo quieren enjuiciar a los niveles más bajos, protegiendo a los responsables que ostentaron altos cargos en la administración federal y estatal.foto 1 (3)

Entre los funcionarios señalados por las víctimas como los “verdaderos responsables” del operativo y las violaciones a los derechos humanos contra pobladores son: “Wilfrido Robledo Madrid, ex comisionado de la agencia de Seguridad del Estado de México; Abel Villacaña Estrada , ex procurador de Justicia del Estado de México; Humberto Benítez Treviño, secretario General de Gobierno; Enrique Peña Nieto, entonces gobernador mexiquense; Vicente Fox, presidente de la república en aquel momento y sus funcionarios: Daniel Cabeza de Vaca, procurador General de la República en el foxismo; Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública y Genaro García Luna, Director de la Agencia Federal de investigación, entre otros.

Advirtieron que esta “farsa” sólo busca “salir al paso” de las denuncias interpuestas por once mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violencia sexual. Dijeron que estas causas penales abiertas en México -iniciadas a partir de la denuncia en la CIDH-  sólo buscan “simular justicia”.

“Quieren acabar con el caso con cheques y dádivas”

Jorge Orta, poblador de San Salvador Atenco y víctima de tortura en los operativo de 2006, detalló que las autoridades han querido “comprar” a las víctimas, pues pretenden cerrar el caso y reparar el daño “sólo con cheques y dádivas”

“El Estado mexicano ha pretendido, mediante cheques y dadivas económicas, silenciar la dignidad y así lavarse las manos de su responsabilidad política e histórica y dar una imagen falsa hacia el extranjero en la que supuestamente respeta y garantiza los DD.HH., la vida y la dignidad”, apuntó.

En este sentido, habló sobre el fondo de reparación del daño que constituyó la actual administración del Estado de México, el cual pretendió “apoyar” a las once mujeres de Atenco que interpusieron la demanda ante la CIDH en contra del Estado. Cabe mencionar que durante los operativos varias mujeres fueron víctimas de violaciones sexuales, tratos crueles e inhumanos por parte de elementos de la policía.

“El Estado mexicano insiste en realizar acciones superficiales sin el consentimiento de las víctimas. Como ejemplo de ello está el fondo de reparación del daño que hizo Eruviel Ávila a favor de las once compañeras. Dicho fondo, además de ser ofensivo para ellas, pretende dejar impune a los autores intelectuales y políticos de esta violencia sistemática del Estado”, expuso.

Las once mujeres denunciantes víctimas de tortura sexual, recordó Orta, rechazaron el fondo ofrecido por el Estado de México. Enfatizó que las onces mujeres víctimas han reiterado que su compromiso es “seguir luchando contra el uso de la tortura sexual en México como táctica para desmovilizar y reprimir a los movimiento sociales”.

Revictimización

Jorge Orta demandó que a más de 9 años de lo sucedido, las autoridades han revictimizado a los sobrevivientes de tortura. Señaló que se les ha llamado ante las instancias de justicia como testigos de descargo de los 12 policías, 21 médicos y un ministerio público acusados de tortura sexual.

Dijo que la revictimización se ha dado porque los han sometido a proceso que los remiten a los hechos violentos de los que fueron víctimas. Además que estas citatorias se hacen con amenazas.

“Denunciamos que se nos ha obligado a participar en careos revictimizantes, en donde se nos hacen preguntas como: ¿cuántos golpeos recibimos al sacarnos de las casas donde nos encontrábamos?, ¿cuántos en las camionetas?, ¿cuántos en los camiones que nos trasladaron al penal?, ¿qué secuelas dejaron en nosotros esa violencia?, ¿cuántos amontonados iban a tu alrededor?”, detalló.

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Orta manifestó que las víctimas han decidió dejar de asistir a los citatorios que siga enviando las autoridades. En primera instancia, dijo, porque no se investiga a altos funcionarios como Enrique Peña Nieto, por lo que  “no seguiremos siendo parte de esta simulación”. Llamó a las demás victimas a que, en caso de ser requeridos por las autoridades, no se presenten y se unan al Comité de Sobrevivientes de Tortura del Caso Atenco.

“Somos testigos de que esos procesos son fraudulentos, que no están buscando justicia, que están haciendo una farsa y no estamos dispuestos a ser cómplices de la farsa (…) Muchos compañeros levantamos denuncias por tortura  ante la PGJEM, y ante la PGR en ese año de 2006. Sin embargo, la PGR dio carpetazo y cambiaron la tipificación del delito, lo pusieron como ultrajes, como abusos de autoridad, sólo eso”, dijo.

Dijo que pese a que por medio de los testimonios de las víctimas ha quedado claro lo sucedido en aquel 2006, la justicia aún no llega. Detalló que pedirán a los jueces que se cite a declarar a los funcionarios que tuvieron vínculos con los hechos represivos, entre ellos EPN.

“La rabia no es sólo con los que hicieron la represión directa. Señalamos que EPN es uno de los actores principales y responsable de esta agresión a los pueblos en esa resistencia por la tierra (…) En la última comparecencia le hicimos saber al juez que íbamos a promover por escrito que se nos dejara de llamar. Vamos a dejar por escrito que ya no nos vamos a presentar a ningún careo con mandos bajos, y pedimos que se llame a comparecer a la lista de funcionarios que hemos mencionado, entre ellos EPN. Cuando se llame a comparecer estaremos dispuestos a carearnos”, expuso.

Añadió que para las victimas la reparación del daño no tiene que ver con cuestiones económicas, sino con acceso a la verdad y la justicia, además del castigo a los responsables.

Enfatizaron que la creación del Comité de Sobrevivientes de Tortura del caso Atenco tiene como objetivo denunciar este actuar de las autoridades en donde no se investiga a los responsables y sólo hay simulación.

Con el grito: “¡Peña Nieto delincuente, la cuenta está pendiente!”, los pobladores reiteraron al habitante de Los Pinos que la violación sexual cometida por agentes del Estado en contra de mujeres, así como la tortura a la que fueron sometidos pobladores de Atenco, y los agravios generales registrados los días 3 y 4 de mayo, no se olvidan.

 

 

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