(02 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Organizaciones de ex braceros denunciaron que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han utilizado el silencio, la burocracia, la prepotencia, el coyotaje y el fraude durante 73 años para evitar entregarles el Fondo de Ahorro que les pertenece y tratar de silenciarlos con la asignación de un “Apoyo Social” de únicamente 38 mil pesos, ya devaluados.
Hijos, nietos y otros beneficiarios de los ex braceros -que entre 1942 y 1946 viajaron a Estados Unidos para trabajar y mientras lo hacían, el gobierno norteamericano retuvo parte de sus pagos para concentrarlo en un fondo de ahorro que después entregó al Estado mexicano pero que quienes han estado al frente de las diferentes administraciones federales desde entonces, hasta la fecha, se han negado en pagar- subrayaron que esta deuda histórica evidencia la corrupción, el coyotaje, la violación de los derechos laborales, humanos y de dignidad de sus familiares.
Ante este escenario, las organizaciones decidieron llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) basando sus argumentos en el retardo injustificado de los diferentes gobiernos mexicanos para entregar los recursos y la omisión de resolver la problemática, aún tras la decisión del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito a través de la que se establece la obligatoriedad del gobierno federal de hacer entrega de los recursos.
Las organizaciones denunciaron que muchos de los beneficiarios han muerto sin alcanzar a ver el fruto de su trabajo, además, argumentaron que se corre el riesgo de que gobierno federal determine la cancelación, de manera unilateral, de la repartición del programa de apoyo, lo que pondría en total estado de indefensión a 4.6 millones de ex braceros.
“Todo indica que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha determinado extinguir para fines del presente año el fideicomiso 10230, dejando otra deuda pendiente a la que se suma el pago del Fondo de Ahorro que desde 1942 a la fecha no ha sido liquidada. Por más de 17 años de lucha organizada de esta comunidad vulnerable e indefensa de adultos mayores, el gobierno mexicano ha violado los derechos humanos, constitucionales, laborales a tal grado de orillarlos a buscar la movilización social y la vía legal nacional e internacional para hacer valer sus derechos”, explicaron.
Amparo ganado…
La resolución de una demanda de amparo presentada por José Antonio Foronda Farro, representante de la organización “Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C.” (PRECADEM), favoreció a más de 150 ex braceros del municipio de Ameca, Jalisco, a sus familiares y otros beneficiarios reconocidos como tales.
En el amparo en revisión RA-314/2014, radicado ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se demanda -entre otras autoridades- al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto; a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, como responsables de no cumplir con la entrega del apoyo social para ex trabajadores.
En la sentencia -dictada en la sesión del pasado primero de octubre- los magistrados determinaron que las dependencias arriba referidas no han cumplido con las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con los trabajadores y refrendó su obligación, como autoridades encargadas del Presupuesto de Egresos, de contemplar en él, recursos destinados a fideicomisos y a atender a los grupos vulnerables; entre ellos, a los ex braceros.
Además, la sentencia subraya la importancia de que el gobierno federal transparente y rinda cuentas sobre el manejo y destino de los recursos de los ex trabajadores, pues se desconoce en dónde se encuentran estos.
Signa, que es necesario que las autoridades realicen las acciones que correspondan para que se cumpla la finalidad del fideicomiso; es decir, que se otorguen los recursos correspondientes a los ex braceros mexicanos y reiteran que tienen conocimiento de las declaraciones de Peña, en el sentido de que no se encuentra obligado, ni constitucional ni legalmente a garantizar los pagos, sino por el contrario, pues dicha obligación se deriva de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
El Tribunal sostuvo que las autoridades antes citadas no demostraron haber atendido el mandato constitucional, con lo que transgredieron el artículo 26 de la Constitución Política, teniendo que acatar las siguientes disposiciones: informar sobre los recursos del fideicomiso y considerar en el Presupuesto de Egresos la partida correspondiente para que esta les sea entregada a los ex braceros.
