(04 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En las últimas décadas, los diferentes gobiernos mexicanos han impulsado una política económica y de “desarrollo” basada en la sobreexplotación de los recursos naturales. En este sentido, cada vez resulta más evidente, y se recrudece, el hecho de que los intereses corporativos se anteponen a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en el contexto de la imposición de megaproyectos.
Así lo consideró José Antonio López, coordinador del Área de Justicia Transnacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).
El defensor de derechos humanos enfatizó que la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto obedece a lo antes expuesto, pues, además de basarse en la sobreexplotación, se cimienta en el despojo y la desaparición de la propiedad comunal de los pueblos.
“En las últimas décadas, el Estado mexicano ha venido impulsando una política económica y de desarrollo que implica la sobreexplotación de los bienes naturales de la nación, y entre estos, la tierra y el territorio. Esto afecta a la población y grupos más vulnerables, como las comunidades indígenas y campesinos.
La reforma energética se basa en esta política de sobreexplotación y despojo, aunque el Estado mexicano ha señalado varias veces que esta reformas son en aras de lograr un mayor desarrollo económico. Lo que hemos identificado plenamente es que la reforma energética va hacia el despojo y la desaparición del Estado comunal o estado agrario de las tierras”, señaló.
En lo referente destacó que desde la puesta en marcha de la reforma energética se ha dejado ver la complicidad del gobierno con empresas, quienes actúan de manera conjunta para imponer las megaobras. Puso como ejemplo el caso del pueblo juchiteco y la violación a sus derechos con la intención de impulsar la construcción de un parque eólico.
“No se respeta el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos. En noviembre de 2014 se echó a andar la consulta al pueblo juchiteco para el consentimiento de un megaproyecto eólico, sin embargo, la consulta no fue realizada como lo marca la ley, en primera, no fue previa porque el proyecto ya estaba en curso; y en segunda porque se inició una persecución contra los defensores de la comunidad, se les intimidó, se les hostigó.
“Encontramos que la Sener, como autoridad garante, incurrió en varias omisiones. No fue previa ni libre. La empresa participó formando grupos de presión, criminalizando a los que defendían su territorio y violentando constantemente las asambleas o audiencias en donde se llevaron a cabo estas consultas. No fue libre porque se presentaron 33 incidentes de seguridad en contra de los defensores comunitarios. Hubo llamadas telefónicas de intimidación; presión y amenazas directamente en las asambleas; y además, las autoridades accedieron a estas amenazas”, detalló.
El defensor manifestó que el actuar del gobierno en este caso evidencía que la consulta para conocer el consentimiento de los pueblos no es realizada de buena fe-como lo marca la ley-, sino sólo como requisito para poner en marcha el megaproyecto.
“¿Qué se viene con la reforma energética? Precisamente esto. Así como aplicó la supuesta consulta en Juchitán, así se van a aplicar en todos los proyectos, en la región de Veracruz, de Tamaulipas, en toda la región del sureste; van a aplicar una consulta con violencia, con criminalización, con fallas estructurales directas”, dijo.
Al respecto, habló sobre la persecución de los defensores de la tierra. Recordó que hoy en día, en México se vive un contexto en donde la criminalización de luchadores sociales, y en especial los defensores de la tierra, es recurrente.
“Lo que hemos venido viendo es que ha ido en aumento el número de agresiones, de criminalización contra defensores y va a aumentar cuando inicien con todos los trabajados derivados de la reforma energética, porque las comunidades que aún permanecen defendiendo sus tierras, no van a permitir los atropellos que están realizando. Y la única manera que tiene el Estado, las empresas, cuando una comunidad se defiende con apoyo en el derecho, es la criminalización, es la detención arbitraria y es la desaparición.
En México, así como lo reconoce ONU, defender derechos humanos es un trabajo de alto riesgo, por todas las condiciones de criminalización, persecución y agresiones”, manifestó.
Empresas y gobierno, el binomio para criminalizar
En el contexto de agresiones, hostigamiento y criminalización en contra de , o las comunidades en resistencia, las empresas son un personaje clave, que actúan con la venía del gobierno, dijo Fernanda Hopenhay, subdirectora de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
La investigadora señaló que desde las organizaciones de la sociedad civil se observa con preocupación el aumento en la criminalización de defensores de la tierra y territorio. Además, dijo, deber ser señal de alarma el aumento en las violaciones a los derechos humanos de los pueblos, sobre todo ante los intentos de imponer megaproyectos.
“Hemos visto con mucha preocupación este aumento en la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y el aumento en las violaciones de DDHH como tal vinculados a estos proyectos de gran escala que tienen que ver con la industria extractiva, con la generación de energía, infraestructura turismo, desarrollos inmobiliarios, entre muchos otros.
“El involucramiento de las empresas es mucho. Esto sucede con la venía de las autoridades y la participación activa de las empresas (…) por definición, las compañías buscan maximizar sus utilidades y tienen una mirada de corto plazo, que no considera los impactos a DDHH generados por su actividad”, destacó.
La integrante de PODER enfatizó que el gobierno emplea las tácticas de hostigamiento, amenazas, criminalización e incluso agresión ante la organización y resistencia de las comunidades.
Por su parte, Olga Guzmán puntualizó que con la profundización de la reforma energética este contexto de criminalización aumentará, además, dijo, se podría ver en el panorama que los intereses corporativos seguirán estando por encima de los derechos humanos.
“Se tiene que analizar que estamos en un contexto, que no es nuevo, pero cada vez se hace más evidente y se recrudece y es en el que las empresas o los intereses corporativos son priorizados por sobre los intereses y derechos de los pueblos y comunidades. Se teme cada vez este panorama durante el presente sexenio, y sobre todo a partir de la reforma energética”, indicó.
Lamentó que a este panorama de persecución se debe añadir la impunidad, pues además de que resulta peligroso defender el territorio y la tierra, los agravios en contra de luchadores no son sancionados.
