En observación de los Derechos Humanos de las personas migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto por el cual el Instituto Nacional de Migración (INM) ya no podrá interferir en el proceso de los migrantes detenidos en México por la presunta comisión de delitos.
Con esto, se reformará el artículo 93 de la Ley de Migración y se establece que el INM únicamente podrá solicitar información de los casos de “comisión de delitos” que tenga hasta el momento el Ministerio Público para control y revisión migratoria.
“El Instituto (Nacional de Migración) solicitará información al Ministerio Público sobre las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de los delitos, solo para efectos de control, verificación o revisión migratoria”, explica el documento.
De ahora en adelante, cuando se presente una denuncia ante el INM, el organismo deberá remitirlo a la “autoridad competente” sin intervenir en el proceso.
“Cuando los particulares presenten denuncias ante él, deberá informar a los particulares que no es la autoridad competente para conocer (el caso) y enviará de forma inmediata al particular ante la autoridad competente para que presente la denuncia correspondiente”, detalló la dependencia.
