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Guerra entre autodefensas, el saldo que el gobierno no calculó

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(14 de marzo, 2014)- Más que soluciones, la llegada mediatizada del llamado virrey de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, como Comisionado Federal, ha levantado nuevas y viejas preguntas en torno a los grupos de autodefensa, empezando por su surgimiento suspicaz.
De nada ha servido retomar la cacería de criminales como en los tiempos de Felipe Calderón, con anuncios emergentes de las capturas o abatimientos de supuestos líderes de los Caballeros Templarios. Ahora, además del acoso de los delincuentes, los grupos de autodefensa acusan el hostigamiento por parte de las fuerzas federales.
La reciente detención de Hipólito Mora, fundador del grupo de autodefensa de La Ruana, sacó a la luz las crecientes diferencias entre los líderes de estas policías ciudadanas, dejando en claro que la intervención del Gobierno de la República en el conflicto michoacano no se ha mostrado efectiva.
Calixto Álvarez, cofundador de las autodefensas en La Ruana, aseguró que el gobierno los desarmó y quedaron a merced de Simón El Americano, otro líder de las autoproclamadas guardias comunitarias con presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Acabamos de correr a un loco (Nazario Moreno) y seguimos con otro igual, eso no se hace… tengo miedo de que me levanten nomás porque sí… no nos dejaron ni una (arma)… ya estamos desarmados, si quieren matarnos, mátennos de una vez, pero ya jalen el gatillo… la Federal no se pone las pilas, no hay mucho apoyo para nosotros, todos del Americano están armados y no hay quién les diga nada y nosotros vamos a aguantar”, expuso Calixto.
Hipólito Mora, días antes de ser arrestado, denunció los presuntos vínculos de El Americano con el crimen organizado. Poco después, se inició un proceso en su contra por dos homicidios, mismo que su abogado ha detallado como “un acto eminentemente político” que “carece de pruebas” para imputar ambas muertes a Mora.
Pero el conflicto entre Hipólito Mora y El Americano no se ha quedado entre los cabecillas de los comunitarios. El propio pueblo de La Ruana está dividido entre los seguidores de ambos líderes, al grado que se va olvidando paulatinamente el objetivo principal de estos grupos de autodefensa: protegerse de los Caballeros Templarios.
José Manuel Mireles, uno de los principales líderes de las autodefensas michoacanas, pidió a los pobladores no distraerse del objetivo: “No nos dedicamos a resolver problemas personales, nuestra misión es otra, limpiar el estado de todo tipo de crimen organizado, el oficial y el no oficial”. Esto, cuando justamente ya se ha discutido en diversas ocasiones sobre ese “crimen organizado oficial”, en cuanto a la omisión de funcionarios públicos del gobierno local en el conflicto, debido a presuntos lazos con los Caballeros Templarios.
Ahora, a pesar de la aparente colaboración entre comunitarios y Gobierno Federal para la búsqueda y captura de las principales cabezas de los Templarios, la táctica del Estado ha quedado en la intriga y el desconcierto, pues pareciera que su intervención se relaciona con disminuir el grado de aprobación de ciertos grupos de autodefensa entre los pobladores de la zona de Tierra Caliente, mientras intenta tener -o ya tiene- el control de otros; lo cual, establece cierto paralelismo con lo que se vivió en Colombia hace años, al formar grupos de paramilitares al servicio del poder.
Se trata no sólo del crecimiento de las diferencias internas. Hace unos días, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advirtió que los grupos de autodefensa incurrían en graves violaciones a los derechos humanos, lo cual se suma a hechos como la edición de las declaraciones de Mireles por parte de Televisa para denostar al movimiento.
De esta forma, aunque el Gobierno Federal lo niegue en su discurso, los conflictos internos de las autodefensas se han salido del margen que haya calculado al momento de intervenir. En tanto, quedan muchas incertidumbres por resolver, empezando por la duda de quién está detrás del surgimiento de estas policías comunitarias en Michoacán, y qué otros intereses hay de por medio, más allá de recuperar la seguridad en la entidad.
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