(16 de enero, 2015).- Ante el llamado de impedir el proceso electoral en Guerrero, José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral, sostuvo que evitar la realización de los comicios en aquella entidad sería un grave error, pues de presentarse esta situación quien tomaría la decisión por los guerrenses sería Peña Nieto.
Al participar en la mesa de dialogo “Evaluación de la problemática en Guerrero, hacia la construcción de una nueva relación social”-convocada por la Secretaría de Educación de la entidad-Woldenberg, declaró que de no llevarse a cabo las elecciones se declararía un estado de excepción y suspensión de garantías para los ciudadanos, pues así lo marca la carta magna. “¿Y quién haría esta operación?, pues Enrique Peña Nieto, con el aval del Congreso de la unión”, subrayó.
Enfatizó que de no realizarse el proceso ninguna autoridad ejecutiva o legislativa podría seguir ejerciendo su cargo, lo cual llevaría, a un vacío absoluto de poder. “Considero que deben efectuarse los comicios, que la ciudadanía debe participar y votar, por lo menos es mi convicción”, aseguró.
El ex titular del órgano federal calificó como el “peor escenario posible” que no se lleven a cabo las elecciones, ya que no será posible establecer una autoridad legítima, constituida por el aval de sociedad a través del sufragio.
De igual forma expresó que la anulación del voto, si bien podría significar un acto de protesta, no tiene alguna relevancia política, ya que al final, “los votos anulados no cuentan y van a la misma bolsa donde terminan los votos que van por error”. En tal sentido, llamó a la ciudadanía a elegir alguna opción política que aparezca en la boleta y hacer efectivo su derecho a elegir, de otro modo, dijo, “anular el voto es dejar en manos de terceros la decisión”.
No obstante, José Woldenberg, dijo que esta idea expresada ante la comunidad de Guerrero es debatible, pues no es una verdad absoluta y algunos otros
pensarán que el anular el voto o el no participar en los comicios es la mejor opción ante la desconfianza generada por los partidos políticos.
