(22 de octubre, 2015).- El crimen organizado en Guerrero ha inundado de delincuencia el estado sureño, y muestra de ello es el caso de Iguala donde 43 normalistas fueron desaparecidos. Hoy sale a la luz que el cartel de Guerreros Unidos pagaban 6 mil pesos al mes, por instalar retenes y levantar a sospechosos de pertenecer a grupos contrarios.
El contexto del estado ha favorecido a que las autoridades estén coludidas por lo que las declaraciones de los integrantes de Guerreros Unidos permitieron a la PGR conocer su estructura jerárquica, la cual está conformada por células compartimentadas, propias de las guerrillas.
La “nómina” que Guerreros Unidos pagaba a la policía de Iguala era de 600 mil pesos al mes, la mayor parte de ese dinero se quedaba en manos de los mandos, entre ellos el prófugo Felipe Flores Velázquez, director de Seguridad Publica de Iguala y el ya detenido Francisco Salgado Valladares, Subdirector Operativo. Para mantener esta estructura financiera, Guerreros Unidos recurría a la venta de droga, extorsión, cobro de derecho de piso a comerciantes y empresarios y al secuestro
La organización tenía delimitadas sus actividades en cuatro rubros: sicarios, halcones o estacas, narcomenudistas y responsables de la comunicación. Sus integrantes no se conocían entre sí y quienes se conocían sólo era por apodo. Son como estas células que utilizan las guerrillas.“Con esto garantizaban la supervivencia de la organización, porque cuando un eslabón de la cadena se rompía, la estructura no se veía comprometida en la información o en la identidad de sus integrantes”, dijo Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal.
Además de la estructura, se pudo determinar, a partir de las declaraciones de los integrantes, el modo en que operaban y la forma de subsistencia económica, basada en la venta de droga, cobro de derecho de piso, secuestro y extorsión, en Guerrero, Morelos y Estado de México. Además del líder, Sidronio Casarrubias Salgado (detenido), se identificó a algunos jefes de plaza, como Raúl Núñez Salgado, El Camperra o Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil (capturados).
Respecto a la estructura, Tomás Zerón detalló que ésta maquinaria propició, en el caso Iguala, que cada uno de los grupos que participó tuvieran sólo información parcial de los hechos, cada uno en su etapa de intervención. “Los primeros participantes no conocieron nunca el destino final de las víctimas; los que los trasladaron entregaron y ultimaron, obedecieron órdenes de sus superiores, lo que nos lleva a establecer que hubo autores materiales, pero también autores intelectuales”, dijo.
De hecho, un integrante del grupo podía participar en una o en varias actividades por las cuales tenían salarios establecidos, mismos que variaban de acuerdo con el tipo de actividad. Un principiante recibía mil 500 pesos para que hiciera mandados menores y se familiarizara con las actividades.
A un halcón, cuya labor era la de instalase en un punto y reportar cada 20 minutos la presencia de policías municipales, estatales o federales, marinos, militares e incluso de vehículos sospechosos, se le pagan 4 mil pesos mensuales.
El cártel se encargaba de darle al halcón un teléfono celular y abonarle 200 pesos de crédito a la semana. Al “jefe de comunicación” lo integraban a una red por la que mantenía contacto permanente vía mensaje de texto o WhatsApp.
Un jefe de halcones, quien concentraba la información que le daban los halcones a su cargo y reportaba lo más importante a sus superiores, se le pagaban 7 mil pesos y al comandante de halcones 15 mil. En la estructura de halcones estaban los policías municipales de Iguala y de Cocula. A unos se les pagaban 2 mil o 3 mil pesos sólo por reportar la presencia del Ejército, Marina o Policía Federal.
