En 2010, Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, salían de su trabajo en la hora de la comida y se encontraron con un enfrentamiento entre sicarios y militares.
Cuando la balacera terminó, uno de ellos resultó herido, por lo que salieron con las manos en alto para pedir auxilio. Los militares, sin embargo, los acribillaron y les sembraron armas para presentarlos como narcotraficantes.
A seis años de estos hechos, por primera vez, la Sedena recibió una solicitud de indemnización por daño moral.
Ello por el caso de una pareja asesinada en Nuevo León a manos de militares. Su familia pidió más de 90 millones de pesos por el daño ocasionado a padres, hijos y hermanos de las víctimas.
Esta petición ocurre a partir de la aprobación en 2005 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, en 2005.
Los militares acusados por la defensa de los familiares responden a los nombres de Juan Ortiz Bermúdez, Alain Josué Reves González y Francisco Gabriel Meléndez Zamora.
