En un esfuerzo conjunto para blindar la integridad del sistema financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Asociación de Bancos de México (ABM) emitieron de forma oficial la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: “Casos Relacionados a Extorsión”.
El documento técnico busca dotar a los bancos de herramientas avanzadas para detectar y mitigar los riesgos derivados de la extorsión, un delito considerado “predicado” (previo) de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), comúnmente denominado lavado de dinero.
De acuerdo con las autoridades, el dinero obtenido de las extorsiones suele ser movilizado e incorporado de manera acelerada a la economía formal mediante el uso de redes bancarias para disimular su origen.
El foco: transacciones digitales desde centros penitenciarios
La elaboración de esta guía se fundamenta en análisis estratégicos de inteligencia financiera que permitieron rastrear operaciones delictivas coordinadas, en gran medida, desde el interior de Centros Penitenciarios.
Entre los hallazgos clave de la UIF, se detectó un patrón específico en el uso de la tecnología bancaria por parte de las redes criminales:
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Uso de conceptos recurrentes: recepción de transferencias electrónicas con descripciones o motivos de pago repetitivos.
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Dispersión veloz de recursos: el uso de aplicaciones de banca móvil para mover el efectivo de forma inmediata tras recibirlo.
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Concentración en apps: las aplicaciones móviles concentraron aproximadamente el 70 por ciento de las operaciones financieras observadas en el caso de estudio analizado por las autoridades.
Para atajar esto, el texto incorpora un catálogo de señales de alerta, indicadores de riesgo, recomendaciones de monitoreo y medidas mitigantes para que las áreas de supervisión bancaria enfoquen de manera más eficiente sus sistemas de control.
Plazos estrictos para la adopción bancaria
La implementación de estas nuevas directrices de cumplimiento será obligatoria. Los Oficiales de Cumplimiento de las entidades bancarias contarán con 60 días naturales para presentar la Guía ante sus respectivos Comités de Comunicación y Control para su aprobación y adopción. Una vez aprobada, las entidades dispondrán de un plazo adicional de 60 días a fin de implementar su contenido en los procesos de análisis y reporte de operaciones, en aquello que resulte aplicable conforme a sus modelos de riesgo.
Con la implementación de esta estrategia conjunta, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, y el sector bancario mexicano fortalecen sustancialmente las herramientas preventivas del sistema financiero nacional.
Al refrendar su compromiso de apoyar a los sujetos obligados en la detección de lavado de dinero, las autoridades no solo contribuyen al cumplimiento estricto de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino que robustecen de forma integral el sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
