Edgar Rosas / Enviado especial
(14 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Las comunidades de la Sierra Norte de Puebla se encuentran en un proceso de resistencia ante la intención de gobierno y privados por desarrollar en sus terrenos megaproyectos que ponen en riesgo su vida. Algunos de estos megaproyectos tienen que ver con la construcción de presas hidroeléctricas, que lejos de representar un benéfico para las comunidades indígenas, son el negocio de unos cuantos a costa del despojo de los bienes comunales.
Bajo el pretexto de desarrollar energías renovables que hagan frente al cambio climático, las empresas invierten en proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, la intención final por desarrollar esta clase de obras no obedece a cuidar el ambiente, sino hacer negocio con: el aprovechamiento de algunos de los incentivos otorgados por el gobierno para energías renovables; y estableciendo proyectos de autoabastecimiento, que permita reducir costos, aunque represente la privatización de recursos como el agua.
De acuerdo con Patricia Legarreta, investigadora de organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación(PODER) mientras, para los pueblos el cambio climático representa un riesgo, las empresas lo están viendo como un negocio. Recordó que en 2012, con la creación de la Ley General de Cambio Climático, se establecieron algunos incentivos económicos y fiscales para que la iniciativa privada apostara por las energías renovables.
“En 2012 se creó la ley general de cambio climático que tiene por objetivo para 2025 que el 35% de la energía provenga de fuentes renovables, (además) de dar incentivos a la inversión privada para energías renovables. (Mientras) para los pueblos el cambio climático es un riesgo para la reproducción de la vida (…) para los empresarios el cambio climático es una oportunidad para hacer un negocio y el caso de las hidroeléctricas en Puebla lo demuestra de una forma muy clara”, dijo.
Al participar en el foro titulado: “Por el derecho a la vida y el territorio en la Sierra Norte de Puebla”, realizado en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la investigadora expuso la relación entre las políticas de prevención del cambio climático y la privatización de los bienes en las comunidades. En este sentido dijo que al hablar de privatización de bienes comunes se refiere al peligro de que recursos como el agua o el aire “están siendo amenazados por la generación de energía para fines de lucro”.
Hidroeléctrica Atexcaco
En palabras de la investigadora Patricia Legarreta el caso de la Central Hidroeléctrica Atexcaco muestra “como se expande el negocio privado” a partir del despojo de los bienes comunes. Este proyecto beneficia a Minera Autlán, que tiene presencia en el estado de Puebla. La hidroeléctrica Atexcaco se encuentra en el municipio de Teziutlán.
De acuerdo con la investigadora, gracias a la puesta en marcha de este proyecto, minera Autlán ha podido ahorrar cerca de 41.6 millones de pesos en lo que va de 2015. Además que tiene la posibilidad no sólo de autoabastecerse, sino en dado caso vender energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“El proyecto es de la Compañía de Energía Mexicana, que ahora es propiedad de Minera Autlán; es un proyecto para autoabastecimiento. La reducción de costos de operación por tener esta central hidroeléctrica le ha permitido aumentar inversión en una mina en Sonora y desarrollar nuevos hornos en Puebla. Esto representa un aumento territorial de más instalaciones de la mina. En 2013 la minera Autlán compró la Compañía de Energía Mexicana que opera la Central hidroeléctrica”, señaló.
La investigadora destacó que con este proyecto, que representa la privatización del agua y el territorio, “fortalece la estructura de Autlán al integrarse a la generación de energía para convertirse en uno de los productores de magnesio con el más bajo costo del mundo. ‘Esta incursión al sector energético es un paso para alcanzar los objetivos de rentabilidad y crecimiento’, según la empresa”, detalló.
Aunado a lo anterior, manifestó que de acuerdo con informes de la propia minera Autlán, en el tercer trimestre de este año, la hidroeléctrica le permitió cubrir el 32% de las necesidades energéticas, con lo que, como ya se mencionó, tuvo un ahorro en costos de energía por más de 41 millones de pesos.
La investigadora de PODER enfatizó que el caso de la hidroeléctrica Atexcaco “es un ejemplo de cómo las empresas explotan bienes comunes, en este caso hablamos de agua y la tierra, para incrementar sus beneficios, reducir sus costos, crecer en términos financieros, y expandirse territorialmente”, todo con el apoyo de los gobiernos.
Legerratea señaló que en la actualidad existen planes para expandir la Central Hidroeléctrica Atexcaco. Sin embargo, apuntó, las comunidades que resultarían afectadas-como Teziutlán, Hueyapan, Hueytamalco o Tlatlauquitepec-han expresado su rechazo y han advertido que “defenderán sus recursos”.
El proyecto Puebla 1
Patricia Legarreta habló sobre el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, el cual aún no inicia su construcción debido a la resistencia que han puesto comunidades como la de San Felipe Tepatlan, que resulta afectada por el proyecto. En palabras de la investigadora, este caso “muestra cómo se reconstituyen las elites en torno de las políticas nacionales e internacionales para aprovechar los incentivos a las energías renovables para negocios privados”.
En lo referente, demandó que uno de los dueños de la empresa- Deselec 1-Comexhidro- que pretende desarrollar el megaproyecto, ha estado relacionado a empresas del Estado, y en puestos de la administración pública.
“Uno de los dueños es Salomón Camhajique ha estado vinculado al sector eléctrico. Durante muchos años trabajó en la CFE, en Altos Hornos de México. Además es parte del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía y esto indica que tiene acceso a información privilegiada para sus empresas asociadas. No conocemos muy bien cómo está estructurada la empresa debido a que la disponibilidad de la información es escasa, es difícil acceder. Tiene subsidiarias por cada proyecto nuevo que construye. En su página de internet declara más de 20 subsidiarias. Algunas son: Arsegen, Deselec, Deselec 1, Econoenergy, Eólica Santa Catarina, Hidroeléctrica Tlapacoyan” apuntó.
Detalló que Comexhidro es una de las empresas que “se atribuye ser primera que asiste a una metodología para los bonos de carbono en proyectos hidroeléctricos. Este mecanismo es importante, porque además de los programas de conservación que México ampliamente recibe para proteger sus bosques, también existen mecanismos de estímulo fiscal, subsidio y tasas preferenciales para las empresas que desarrollan energías renovables (…) las empresas en el mundo tiene mucho interés que se conviertan en una nueva forma de hacer negocio. Esta es la razón porque las empresas están contabilizando sus emisiones de carbono”.
Aunado a lo anterior, añadió que esta compañía ha recibido financiamiento por parte del gobierno mexicano a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con lo cual “el Estado “asume los riesgos de la inversión”.
“Esta empresa recibe financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, por medio de financiamiento con fuente de pago propia. Este fondo está orientado a asumir los riesgos a la inversión para fomentar la participación de la IP en proyectos de Infraestructura. En 2012, Banobras le dio apoyo para construir la hidroeléctrica en Zongolica, Veracruz. Esto lo que nos está indicando es que el Estado asume los riesgos a la inversión privada”, señaló.
Además detalló que la empresa ha recibido apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos. “En 2009 le otorgó a Comexhidro 20 millones de dólares para construir 2 hidroeléctricas, una en Cerro de Oro, en Oaxaca, aunque este proyecto fue cancelado por la oposición de las comunidades. También otorgó apoyo para la construcción de la presa de Zongolica y este que se llama Fondo Verde para los países en desarrollo, que es esta manera como se supone que se da la transferencia económica pero lo que vemos es que está siendo acaparada por empresas privadas”, dijo.
La investigadora detalló que la presa en Zongolica, construida por Comexhidro, beneficia a la empresa Wal-Mart de México. De concretarse el proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 en la cuenca del Rio Ajajalpan, la energía producida también sería para beneficio de esta compañía.
“Con estos apoyos y subsidios tanto del gobierno mexicano, como de Estados Unidos, la empresa declara que la energía eléctrica producida es para Wal-Mex o Wal-Mart de México, que es socio de esta empresa. La hidroeléctrica que ya existe en Zongolica está produciendo energía para mil 114 tiendas de Wal-Mart. Y la hidroeléctrica Puebla 1, estará destinada para abastecer de electricidad a Wal-Mart, y otras empresas como Waldos, VIPS, Suburbia y una posible pariente de uno de los dueños de esta empresa, llamada Ileana Jinich Mekler”, apuntó.
Legarreta recordó que la intención de desarrollar este proyecto ha significado la violación a los derechos de las comunidades totonaca y náhuatl que viven en la cuenca del Río Ajajalpan. Además que el gobierno ha sido cómplice de la empresa para simular la consulta a la comunidad indígena y poder imponer el proyecto.
“En 2013 fue aprobado este proyecto para construir la cortina sobre el rio Ajajalpan. Sabemos que el supuesto proceso de consulta llevado a cabo por la empresa ha sido impugnado por las comunidades. Al mismo tiempo Mekler (dueño de Comexhidro) ha hehco declaraciones en las que indica que para contar con el apoyo de la población se necesita que el gobierno tome una postura, para saber si los proyectos cuentan con el apoyo del gobierno. Es decir que abiertamente el empresario está solicitando que proteja su inversión y promueva el proyecto por encima de la voluntad de la población. Además Mekler ha declarado que ‘la consulta a los pueblos indígenas a paralizado el desarrollo del sector hidroeléctrico’“, manifestó.
Las hidroeléctricas, riesgo para las comunidades
“Las hidroeléctricas se presentan como formas de generación eléctrica limpia (…) tienen el discurso que los daños ambientales son menores frente a la cantidad de emisiones de carbonos realizadas. Las empresas privadas de generación de energía hidroeléctrica podrán estar desarrollando energía limpia, pero genera conflictos sociales (y) las comunidades de la Sierra Norte de Puebla tienen bastante claro cuáles son estos conflictos y agresiones que se generan”, señaló Patricia Legarreta.
La investigadora, además, subrayó que esta clase de proyectos “tienden a la privatización de los bienes comunes como el agua, la electricidad, la tierra que ocupa la hidroeléctrica para su construcción”. En este sentido, añadió que los proyectos para genere energía a partir del movimiento del agua atentan contra las comunidades y sus estilos de vida.
“Estos proyectos promueven cambios en los consumos de la población, destruyen las tradiciones, transforman y deterioran el medio ambiente. Además esta forma de privatizar los bienes comunes tienden a la concentración de la riqueza por medio de la reducción de costos de operación como el caso de la minera Autlán, a través de privilegiar la electrificación de grandes tiendas de autoservicio por encima de las necesidades de las poblaciones rurales, como en el caso que se promueve en el proyecto Puebla1”, apuntó.
Legarreta explicó que de 2012 a la fecha han aumentado considerablemente el número de empresas que desarrollan hidroeléctricas. Detalló que de las 17 hidroeléctricas privadas que existían en 2012, en 2015 existen 76, con lo que se acerca a la cifra del número de centrales que posee la CFE (80). Además detalló que tan sólo en la Sierra Norte de Puebla han existido 15 proyectos de hidroeléctricas privadas, de las cuales 7 han sido negadas, por diversos motivos, entre ellos la resistencia de los pueblos.
