(09 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, da a conocer a Revolución TRESPUNTOCERO que según una breve nota de un periódico nacional, “supuestos agresores de militares quedaron muertos dentro de la camioneta y solamente se ‘encontró’ un arma larga”, esto con respecto a la ejecución extrajudicial de Juan Antonio Pedraza Castillo, presentada el miércoles, en este medio.
En 2010, ese medio dio a conocer que “una balacera entre pistoleros y soldados en Nuevo Laredo concluyó esta tarde con seis personas muertas por impactos de arma de fuego, así como una persona lesionada por atropellamiento.
Dentro de la camioneta había además al menos un arma de fuego larga, un cargador para radio de comunicación y una bolsa negra, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades castrenses”.
Sin embargo el testimonio de la persona atropellada, Elizabeth León Carrizales, contrario a la nota, fue corroborado por al menos tres vecinos más de esa colonia, quienes también sufrieron daños materiales por las balas disparadas por los militares, a domicilios y vehículos particulares, pero ninguna autoridad se hizo cargo de cubrir los gastos.
Una de las vecinas de nombre Alicia, recordó lo ocurrido aquella mañana:
“Me encontraba en la calle San Jaime, vivía frente al domicilio de la señora Elizabeth, como a veinte metros, mi casa daba con la puerta de la calle. Ese día se escucharon balazos de metralletas, pasan las trocas por atrás de mi casa y los soldados atrás de ellos.
Era una camioneta de civiles y como dos de soldados. Los soldados le iban disparando a la otra camioneta, no se si es la misma (de los muchachos muertos). Una camioneta de los soldados se paro frente a mi casa, de ella brinco un soldado que venia herido y busco refugio en el pasillo, entre las dos casas.
Luego llegaron otros soldados que lo agarraron y lo echaron a una de las camionetas y se lo llevaron, herido o muerto, no sé bien. Luego se escuchó que tronó una pared. Después llegaron otras camionetas de soldados, unos corrieron a donde estaba el soldado herido y otros hacia la camioneta que se había estrellado en la pared de la casa.
Los muchachos gritaban que los perdonaran, que no los mataran, que no se querían morir. Luego se escucharon disparos hacia dentro de la casa donde estaba la camioneta impactada. Los muchachos ya no se oyeron.
Los militares cerraron todos los accesos, decían que nadie podía salir o entrar. Los muchachos no dispararon a los militares, no podían ni moverse por el impacto con la casa, pero los soldados sí les iban disparando.
A nosotros no nos dejaron salir de nuestra casa, mi esposo estaba recién operado y se le subió la presión, se puso muy mal. De mi camioneta, en el cuartel militar me dijeron que así la dejara, que el gobierno no tenía dinero para pagar daños…”
Cuando Juan Antonio Pedraza Castillo fue “abatido” por militares, tenía 23 años, una esposa y tres hijos menores de edad, uno de ellos con padecimientos de autismo. En la actualidad, “su viuda Ilse Ávila, debe trabajar para sacar adelante a sus hijos, mientras que su suegra María Berta cuida de los niños, hasta donde su edad lo permite y en la misma casa de madera que habitaba Juan Antonio.
La falta de recursos económicos no han permitido que los niños Juan Antonio, Erick Oziel y Edgar Rodrigo Pedraza Ávila, de 10, 7 y 5 cinco años de edad puedan ir a la escuela. Los familiares de esta víctima de ejecución extra judicial nunca han tenido el apoyo del gobierno de Tamaulipas o del gobierno de la República”, explica el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo a Revolución TRESPUNTOCERO.
“Uno de mis nietos necesita atención especializada, pero no tenemos los recursos para llevarlo a una escuela de educación especial, vivimos con muchas carencias y necesidades, también necesitan atención psicológica porque uno de ellos cada vez que escucha ruidos parecidos a los balazos se me pone muy mal”, explicó María Berta.
El Comité explica que la familia de Juan Antonio Pedraza Castillo requiere con urgencia la ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero hasta el momento ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y mucho menos la Procuraduría General de la República (PGR) les han reconocido su condición de víctimas como requisito de ley.
“Aquí han venido representantes de la comisión nacional de los derechos humanos y nos han dicho que están haciendo todo lo posible por ayudarnos, pero no sabemos cuándo nos harán justicia, a los responsables de la muerte de mi hijo ya los cambiaron a puebla y andan libres, como si nada hubiera pasado, si supieran el daño que nos hicieron y el sufrimiento que nos dejaron, harían mejor su trabajo para no dejar huérfanos y viudas por todo el país”. Berta se pregunta, ¿Qué será del futuro de mis nietos, solo dios sabe?”.
En entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO, el Presidente del CDH Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, explica que fue diciembre pasado uno de los meses más difíciles para la familia de Juan Antonio, debido a severas complicaciones de alimentación y salud, debido a su precaria situación económica.
“Los tres menores padecen necesidades y principalmente el niño autista. Desde 2014 que fue el año en que nosotros como organismo tomamos el caso nuestras manos hemos notificado a presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre dicha situación, lamentablemente como sucede con otros casos donde se daña gravemente los derechos humanos no hemos tenido la respuesta inmediata que nosotros esperábamos, la CNDH no ha terminado la investigación, Sedena no ha ayudado en la resolución definitiva de la problemática, a dejado un lado los daños materiales, las perdidas económicas de las familias, y la falta de justica.
Por eso quisimos hacer pública esta situación que viven ambas familias, de la Procuraduría General de la República por supuesto que no esperamos nada, por qué no ha querido investigar casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a ser Marina y Sedena. Y por eso este caso lo elevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como al Relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus visitas que hicieron a México el año pasado.
Exigimos justicia y reparación del daño a las dos familias afectadas Y esto también aplicará para otros casos que tenemos documentados que se han perpetrado en los últimos cinco años”, explica Ramos.
Afirma que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha tenido conocimiento del caso tanto por parte de la CNDH, como por Sedena y sin embargo ha hecho caso omiso, en el sentido que existe un expediente abierto por un caso de ejecución extrajudicial, y por lo tanto deberían de intervenir proporcionando a las familias ayuda psicológica, jurídica e incluso económica a la que las familias por ley tienen derecho.
Para ser beneficiarios de la CEAV, se requiere que la PGR reconozca la condición de víctima o parte ofendida o que la CNDH emita una recomendación al respecto, pero como estas situaciones no sean llevado acabo, “nosotros como comité quisimos hacer pública la denuncia pidiendo que la CEAV intervenga de manera inmediata, como no esperamos, repito, mucho de la PGR y la CNDH ha estado trabajando con muchos expedientes rezagados, si esperamos a que esto suceda puede que pase cinco años o más.
Nosotros requerimos de la urgente intervención de la CEAV para que ayudes estas farmacias esas cosas para que ayuden a estas dos familias. Ya aportamos los testimonios y las evidencias que permitieron demostrar en el caso de Juan Antonio y de sus cuatro acompañantes más, hubo una ejecución extrajudicial por parte de la Sedena, que de acuerdo a la investigación que existe además de los testimonios que hemos recabado, los civiles no cometieron el asesinato de un militar, no participaron en ningún enfrentamiento y es probable que el aroma que encontraron en su poder haya sido sembrada, porque los vecinos de ese sector en ningún momento vieron disparar a los muchachos, tampoco que trajeran armas Y mucho menos maletas con dinero en efectivo, que fue el final que aparecieron en la PGR y que fueron atribuidas a estas personas”, afirma Ramos.
El Presidente del Comité comenta que les hace falta obtener una averiguación, la cual se encuentra en la Procuraduría General de Justicia Militar, siendo el siguiente paso obtener este documento, sin embargo afirma que es difícil lograrlo, porque “tratándose de militares involucrados dicho órgano es muy cerrado, pone muchas trabas cuando las víctimas son civiles, lo que más nos complica es que saquen averiguación de Nuevo Laredo y la envíen, a las oficinas centrales de la Procuraduría. Porque ni la familia ni nosotros tenemos los recursos para viajar y hacer una consulta claro, es una manera de obstruir la procuración de justicia en nuestro país por parte de la autoridad militar”.
El Comité de derechos humanos de Nuevo Laredo está trabajando este año en estos casos rezagados, no solamente en 2013, 2014, 2015, sino de anteriores que no han sido tomados en cuenta que parecen han quedado en el olvido, “así se hace un llamado a las autoridades pidiendo unión, principalmente a los senadores y diputados federales, para que ya se dejen de tanta basura política y empiecen a ayudar a los ciudadanos, sobretodo en el tema de derechos humanos y procuración de justicia.
Ellos deben de intervenir revisando la actuación de la PGR, de la CNDH, de Sedena, Marina, Ceav y no solamente estar como espectadores con temas banales para la población, los legisladores deben de ponerse del lado del pueblo en materia de justicia y derechos humano”, puntualiza Ramos.
