(25 de abril, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Al entregar su informe final, titulado Ayotzinapa II, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que coadyuvan en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos, criticó la celeridad con que la Procuraduría General de la República (PGR) avanzó en la realización de diversas pruebas, en contraste con los últimos cuatro meses del segundo mandato.
En el texto, el GIEI recordó que en noviembre del año pasado, propuso la creación de un nuevo equipo de investigación, mismo que se conformó dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y aunque durante las primeras semanas se logró avanzar en las líneas de investigación, en enero se obstaculizó el trabajo, por lo que el equipo careció de independencia y de la información necesaria para desempeñarse.
En el texto se detalla que hasta el pasado marzo, únicamente se había avanzado en la realización de 50 por ciento de las más de 900 pruebas solicitadas; sin embargo, antes de editar el informe, se alcanzó el 81 por ciento, por lo que gran parte de los resultados quedarán dentro de la averiguación para su evaluación y lamentaron que el avance ocurriera a escasos días de presentar el informe.
Los expertos señalan que aunque se pidió que la PGR solicitara información al gobierno de Estados Unidos sobre tráfico de heroína a Chicago a través de autobuses de pasajeros, como una de las líneas de investigación de las actividades de los “Guerreros Unidos”, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, envió una solicitud al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América genérica, por lo que las autoridades norteamericanas respondieron que era imposible responder en los términos de la solicitud.
“La demora en elaborar y remitir las solicitudes y las deficiencias en el trámite de las mismas impidieron hasta ahora que información fundamental sobre el modus operandi de Guerreros Unidos en el trasiego de heroína se incorporara a la investigación. Dada la importancia de esta solicitud, las demoras e impedimentos presentados por la PGR para solicitarla resultan incomprensibles al GIEI”, detalla el documento.
El GIEI señala que la hipótesis del quinto camión continúa sin ser explorada a profundidad, así como la identificación plena del mismo; agregan que la declaración del chofer tiene inconsistencias pues el trayecto que siguió esa noche no se ajusta a los tiempos habituales de la ruta; además, en un recorrido realizado por los expertos, detectaron que ésta pasa por un aeródromo, detalle que hasta ahora, tampoco ha sido investigado.
Respecto a las investigaciones de la telefonía de los normalistas, el informe detalla que tras el análisis, se logró establecer que los celulares y chips no fueron quemados como lo informó Jesús Murillo Karam en su “verdad histórica”, pues varios de ellos tuvieron actividad después del 26 y 27 de septiembre.
“El hecho de que un año y seis meses después de los hechos en el expediente, aún no exista un análisis completo de estas comunicaciones, o que no se hayan hecho durante todo ese tiempo las gestiones que el GIEI solicitó desde el primer momento, y de forma reiterada en al menos 10 ocasiones, muestran serias deficiencias en la investigación y comprometen sus resultados”, puntualiza el texto.
También subraya que “a pesar de ser información fundamental, para identificar a los perpetradores y establecer el destino de los estudiantes desaparecidos, no se realizaron diligencias para esclarecer, donde y quien activo estas líneas de telefonía”.
Además, denunciaron que aunque la PGR, de manera formal autorizó que los integrantes del GIEI realizaran entrevistas con varios de los supuestos responsables de la desaparición de los normalistas –para esclarecer diversas inconsistencias en las declaraciones- en los hechos, cuando solicitaban la fecha para tales dirigencias, nunca se concretaron a pesar de la insistencia.
Los expertos argumentaron que alrededor de los casos de desaparición forzada se dan pactos de silencio entre los perpetradores, por lo que las entrevistas hubieran contribuido a quebrar esos pactos de silencio, lo que hubiera sido de fundamental importancia para que el GIEI pudiera tener más elementos sobre lo sucedido en Iguala y el destino de los normalistas.
Además, agregan que la dilación en las entrevistas con personal de seguridad y funcionarios estatales, comprometió seriamente la investigación y advirtieron de riesgos de “pérdida de información”, como ya ocurrió, sobre todo, con videos de seguridad de las calles de Iguala.
En materia de balística, el GIEI señala que hasta mediados de este mes, la Procuraduría General de Guerrero no había identificado al menos 29 armas que habrían sido utilizadas durante los hechos y que fueron recuperadas en escenas del crimen de Juan N. Álvarez y Santa Teresa, tras un peritaje el 29 de septiembre de 2014 y el tres de octubre, respectivamente, a pesar de que se le solicitó cotejarlas con las de fuerzas de seguridad la noche de la desaparición de los jóvenes, incluida la Policía Estatal, Federal y otras fuerzas municipales.
El GIEI es tajante al subrayar que la negativa del Estado Mexicano de impedirles estar presentes durante las entrevistas con personal militar, limitó la posibilidad de lograr el esclarecimiento pleno de los hechos, a propósito de la solicitud de hablar con los elementos del 27 Batallón del Ejército mexicano destacamentado en Iguala.
“Los intentos de obtener informaciones relevantes resultaron muy difíciles debido a que dichas cuestiones nunca se consideraron en la investigación hasta la intervención del GIEI, también mostraron hechos que no pueden ser negados y que tienen que incorporarse a la narrativa oficial de lo sucedido”, se puede leer en el documento.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que mientras no se esclarezcan los hechos y se ubique el paradero de los jóvenes, la búsqueda de los 43 estudiantes no debe interrumpirse, siguiendo las líneas de investigación o información contrastada y siempre con la participación de peritos expertos y con el uso de la tecnología adecuada.
En la segunda etapa, el GIEI ha participado en 25 exploraciones y nueve diligencias de búsqueda, aunque subrayó que su programación se ha retrasado y no se han hecho con la celeridad que el caso necesita.
Además, detalló que la PGR no ha hecho uso de fotografías satelitales ni de tecnología láser, tampoco se ha investigado el uso hornos de cremación privados para evaluar el posible destino de los normalistas y mucho menos se cuenta con un mapa de fosas de cadáveres y restos óseos encontrados en Iguala y zonas aledañas.
Además, subraya que “en ninguna de las exploraciones y búsquedas se ha encontrado a los 43 normalistas, ni vivos, ni muertos”.
