“Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo”.
Con esa frase, Hugo Aguilar Ortiz inauguró una nueva era en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a partir de este lunes comienza funciones bajo su presidencia.
El mensaje lo dio durante una ceremonia ancestral en el sitio arqueológico de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México, donde representantes de comunidades indígenas entregaron símbolos sagrados a los ministros electos. Acompañado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, Aguilar subrayó que el acto simboliza un compromiso “palpable de que hay un compromiso para servir al pueblo”.
Un inicio cargado de símbolos
El día comenzó con la consagración de los bastones de mando, entregados por sabias y sabios de pueblos originarios. Aguilar explicó que a las 16:00 horas, en el Zócalo capitalino, cada ministro recibirá su propio bastón en una ceremonia pública, “en el corazón de nuestro país”.
El nuevo presidente de la Corte insistió en que la institución vivirá una transformación espiritual y moral:
“No solo somos materia, también somos inteligencia y espíritu, y por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y sabios”.
Unidad pese a ausencias
Aguilar también se refirió a las ausencias. Confirmó que el ministro Arístides Guerrero García no pudo asistir tras sufrir un accidente, y que otras dos ministras se disculparon por no poder acompañar el ritual. Aun así, el presidente subrayó que la nueva Corte inicia como un “equipo importante, con otra visión, con otro espíritu y con otro ánimo”.
Un juramento al pueblo
La ceremonia en Cuicuilco marcó el arranque oficial de un pleno que, por primera vez en la historia, fue electo por el voto popular. Con cinco mujeres y cuatro hombres en su integración, la nueva Corte se presenta como una institución “distinta, diferente a las anteriores”, en palabras de su presidente.
La promesa quedó sellada: la justicia no estará guiada por intereses de poder ni de dinero, sino por el servicio directo a la ciudadanía.
