En julio pasado el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acordó la transición de 41 frecuencias de Amplitud Modulada (AM) a Frecuencia Modulada (FM) para diversos interesados en localidades de los estados de Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y en la Ciudad de México, que no pudieron migrar en 2008 por falta de disponibilidad espectral.
Hace días, cuando se llevó a cabo dicho cambio, el Comisionado Javier Juárez Mojica, exhibió que aun cuando el reglamento del IFT está muy bien delineado, hicieron caso omiso de éste y todos los comisionados, exceptuándolo a él repartieron concesiones eligiendo a quién sí dárselas, cuando “varios solicitantes tuvieron un empate, y lo que correspondería es realizar un sorteo”, indicó.
En la sesión dijo que “los proyectos ya están identificados a un posible beneficiario de esta transición de AM a FM, pero creo que no es exactamente lo que dice el artículo 6 de los lineamientos, porque hay varios que pudieran estar sin frecuencias en esas localidades y que lo que correspondería es un empate y, entonces, el sorteo”.
Sobre el posible beneficiado, en el caso de la Ciudad de México, se trata de la familia Henkel, aun cuando había un apartado que señalaba: “Susceptibles de Autorización (Sorteo)”. Éste quedó en blanco, y se entregó la licitación de manera directa, siendo un acto violatorio de las reglas, denunció Juárez Mojica.
Eduardo Henkel, es el empresario quien mudará la estación 1560 de AM, antes conocida como Grupo Monitor, al 105.3 de FM. Fueron cinco de siete magisterios del IFT, quienes lo avalaron impidiendo así las oportunidades de otros grupos como Radiorama o Radio 13.
Sin embargo, llamó la atención que Eduardo Henkel es ajeno a la radio; será una compañía hermana del Grupo Bavaria, quienes están enfocados en el negocio automotriz, quienes se harán de la estación con las siglas XHINFO-FM en la frecuencia 105.3.
Cabe señalar que Eduardo Henkel, mantiene desde hace 40 años una estrecha amistad con Vicente Fox. Dicha relación fue lo que les permitió a él y a su esposa afianzar y engrandecer un imperio a través de la empresa En Punto Relaciones Públicas, la cual fue fundada en tan solo cuatro días con un mínimo capital de 50 mil pesos, pero obteniendo de inmediato contratos millonarios, otorgados principalmente por Presidencia de la República y también por otras dependencias federales, durante el sexenio de Vicente Fox.
Convirtiéndose en quienes le llevaban las relaciones públicas a Los Pinos; otra de las dependencias que usó sus servicios fue la Lotería; Eduardo y Rosaura Longoria de Henkel dueños de Tierra Mía, obtuvieron un contrato en noviembre de 2002 para entregar a la Lotería Nacional un árbol de Navidad y los adornos de su salón de sorteos, por cerca de un millón de pesos. Cabe señalar que dicha adjudicación fue otorgada sin licitación alguna.
Cabe señalar que, la propuesta de Tierra Mía costaba 35% arriba del precio de mercado y otras empresas quienes también habían presentado cotizaciones para realizar la misma obra “a un costo significativamente más bajo”, se informó.
Y es que, el precio de ese trabajo, según Julio Botello, director general de Anuncios Generales Neón de México SA de CV, era de 381 mil 666 pesos con 60 centavos. Y Eduardo Henkel, obtuvo un contrato por 529 mil pesos para organizar solamente la presentación del fideicomiso.
Cabe señalar que, Eduardo Henkel también fue uno de los principales empresarios que financió la campaña electoral de Vicente Fox. Además de ser dueño de Squirt, también es distribuidor de BMW. Hoy nuevamente Eduardo Henkel gana y es beneficiado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para llegar a transmitir desde FM.
Sobre el tema, Javier Lozano señaló, “siempre he sido muy crítico de la autonomía constitucional del Instituto, y hoy el tiempo me ha dado la razón porque la actuación del Instituto ha sido errática, pasan por encima de las disposiciones aplicables”.
Finalmente, pese a sus reglas, el IFT cometió abuso de su autonomía y sin regulación, el comisionado presidente, Gabriel Oswaldo Contreras, y la mayoría de los representantes del órgano, preponderaron la interpretación de su reglamento por encima de la literalidad.